El Gobierno, el Congreso y el sector empresarial tienen un gran reto con el trámite de la ley de promoción del crecimiento, que reemplazará la Ley de Financiamiento, y debe aprobarse este año. En este momento crucial para Colombia, todos los actores involucrados deben mostrar su compromiso, su grandeza y su responsabilidad política con la estabilidad económica y el bienestar de todos los colombianos.
Ante la sentencia de inexequibilidad de la Ley de Financiamiento a partir del 1 de enero de 2020, por vicios de procedimiento, el Gobierno presentó al Congreso el mismo texto sancionado como Ley 1943 de 2018, excluyendo algunos artículos. Este proyecto debe tramitarse sin modificaciones por tres poderosas razones.
Primera porque se trata de una situación excepcional, pues, en opinión de la Corte Constitucional, la Ley 1943 no surtió adecuadamente el principio de publicidad. Pero el texto fue sometido a todas las discusiones, aclaraciones, adiciones, supresiones y votaciones que, en el ejercicio de sus facultades, realizaron los congresistas; además, el sector empresarial presentó sus argumentos en pro o en contra. Por lo tanto, el objetivo es ratificar el articulado, excluyendo solo aquellos artículos declarados inexequibles por nuevas sentencias.
Segunda, porque la Ley de Financiamiento impulsó la reactivación de la economía fortaleciendo la demanda interna. Recientemente, el FMI bajó las proyecciones de crecimiento del mundo y de América Latina, pero mantuvo estable la colombiana.
Mientras Colombia registra el mayor crecimiento proyectado entre las principales economías de la región, la desaceleración latinoamericana se explica por la debilidad de su demanda interna sumada a los efectos de la fuerte disminución del crecimiento de la economía y el comercio mundiales.
La Ley de Financiamiento indujo mayor crecimiento económico por varias vías. La exención del IVA a los bienes de capital estimuló la inversión; esto se observa en el crecimiento de la inversión extranjera directa, que en el primer semestre de 2019 alcanzó el nivel más alto desde 2016 y casi el 60% entró a sectores diferentes a los minero-energéticos; en las importaciones de bienes de capital que crecen a agosto 9,5% anual; y en la inversión en bienes de capital que creció 16,1% en el primer semestre, el ritmo más alto desde 2014. En el Régimen Simple, que es una herramienta para la formalización, se inscribieron 6.326 personas naturales y jurídicas.
Además, el recaudo tributario viene superando las metas establecidas, lo que permitirá cumplir con la regla fiscal sin aumentar el endeudamiento o vender activos.
Tercera, la calificadora Standard & Poors (S&P) ratificó su calificación de los bonos soberanos de Colombia, pero dejó un mensaje contundente: podrían bajar la calificación si las “acciones tomadas por los poderes ejecutivo y legislativo son menos efectivas y menos oportunas para abordar los desafíos fiscales y económicos”.
S&P deja entrever que sin Ley de Financiamiento habría problemas de financiación de la cuenta corriente y aumento del riesgo de crisis de la balanza de pagos. Ese sería un escenario nefasto para la economía colombiana: Depreciación acelerada de la moneda, aumento de las tasas de interés, afectación grave de los sectores empresariales endeudados en moneda extranjera, desaceleración del crecimiento económico, mayor desempleo y pérdida de bienestar de la sociedad.
En síntesis, no aprobar o tratar de modificar la ley no es una opción.
Luis Guillermo Plata
Exministro de Comercio, Industria y Turismo
