Se acerca el cierre de año y se discuten las proyecciones económicas sobre el desempeño de los sectores en el 2018, en el cual el balance del 2017 marca el punto de partida. En el caso de la construcción de edificaciones, este año evidenció la alta sensibilidad de la actividad edificadora a los cambios en la dinámica agregada de la economía y las acciones de política económica dispuestas para hacerle frente. Con una economía creciendo 1,5 %, tasas de interés históricamente altas en la primera mitad del año, incertidumbre en el consumo y la inversión de los hogares, y una reducción en la generación de plazas de trabajo, el resultado es una reducción anual de 7,6 % en las ventas de vivienda nueva y una contracción de 21 % en el área iniciada de proyectos no residenciales.
En compensación, el impulso a la vivienda social y el positivo efecto del programa Mi Casa Ya marcaron un hito en la inversión en vivienda. Este segmento creció 22 % en ventas con dinamismo en las iniciaciones de obra en las principales regiones del país. En el segmento medio del mercado (135-435 smmlv), la cobertura a la tasa de interés ayudó a contener la actividad en un nivel modesto frente a los últimos años, y aunque menor que en el 2016, aportó más de 90.000 unidades al consolidado.
Entonces ¿cómo se puede prever el 2018? Al hacer un mapeo de factores como la tendencia decreciente de la tasa de interés hipotecaria en línea con las acciones de política monetaria, la incipiente, pero positiva recuperación de los indicadores de confianza, la continuidad de los programas de vivienda social y del segmento medio, y los efectos de una mayor dinámica económica agregada, es objetivo describir un 2018 en el que las cifras positivas sean una constante. Nuestra apuesta es incrementar las ventas de vivienda en 9,5 % y generar 4,6 % más de valor agregado frente al 2017.
Ahora, ¿qué tan probable es lograrlo? Cada vez es más común encontrar afectaciones directas a los proyectos de edificaciones, en los cuales la subjetividad es el patrón de las decisiones administrativas que las circundan y la inestabilidad jurídica toma fuerza en contra de la factibilidad de los proyectos y las apuestas de los empresarios. Ante la ausencia de información de calidad sobre el territorio, la falta de claridad en las decisiones de autoridades locales y ambientales, la violación directa a los derechos adquiridos y los trámites que se convierten en cuello de botella, se crea un entramado de subjetividad sobre el desarrollo urbano formal, en el cual los empresarios se mueven con más incertidumbre y con el desincentivo que genera un terreno frágil para las decisiones de inversión.
El compromiso con la recuperación económica, la generación de empleo y el desarrollo urbano formal debe ser integral, y la función pública en los frentes ambientales, territoriales o administrativos debe ser fuente de fortaleza institucional y articulación, y no un cúmulo de actuaciones discrecionales, subjetividad e incertidumbre.
Así, la mirada del 2018 debe darse con base en factores objetivos que describen un terreno favorable, pero sin olvidar la necesidad de que se adopten acciones concretas en todos los niveles institucionales para salir de la subjetividad y del entorno de inestabilidad jurídica actual.
