En espacios académicos y empresariales se discute permanentemente la importancia de mejorar la productividad. Los diagnósticos conducen, en la mayoría de los casos, a demostrar la baja adopción de nuevas tecnologías, la limitada inversión en investigación y desarrollo y las deficiencias en la formación y habilidades de la mano de obra, todos estos como elementos transversales y ciertos de la precariedad en el avance de los sectores y las empresas.
Sin embargo, los costos ocultos que se generan en las deficiencias institucionales y administrativas que rodean las inversiones del sector productivo, muchas veces se convierten en el principal cuello de botella. Pero más allá de juzgar y tratar de encontrar nuevas causas o dolientes, vale la pena repensar una estrategia que garantice avances efectivos en productividad, donde se involucren las dos fuentes de actuación, las acciones al interior de las empresas y el entorno de las mismas. Esa hoja de ruta debe ser el marco de articulación público privada.
Para el sector edificador colombiano, el diagnóstico no es muy diferente. De acuerdo con el estudio de productividad y riesgos del sector, desarrollado para Camacol por la firma de consultoría McKinsey, frente a estándares internacionales las empresas más representativas en Colombia tienen una tasa de adopción de mejores prácticas de 61 por ciento, cifra inferior en 6 puntos porcentuales a lo observado en los referentes mundiales de la industria; sin embargo, cuando se evalúa el componente de adopción de nuevas tecnologías la brecha se amplía en 34 puntos porcentuales. En otras palabras, tenemos una gran tarea por hacer. Desde sensibilizar a las empresas y transformar su cultura de innovación y actualización tecnológica, hasta desarrollar esquemas efectivos de formación de la mano de obra que garanticen transferencia de conocimiento y avance técnico en toda la escala sociolaboral del sector.
Ahora bien, para que estas acciones tengan impacto se debe minimizar el riesgo de la ineficiencia institucional y administrativa que circunda la actividad. Hoy, las compañías de construcción de edificaciones perciben que, entre 30 riesgos evaluados como críticos, los cinco de mayor probabilidad de ocurrencia e impacto están relacionados con la actuación pública, en temas referentes al ordenamiento territorial, los trámites, la fragmentación de la regulación, la subjetividad administrativa, la disponibilidad de información de calidad, entre otros.
Por eso, a nivel empresarial se debe avanzar, y desde los gremios nuestra tarea es promover estrategias para el cierre de tales brechas; pero no se puede descargar todo el peso del rezago en productividad sobre la actuación privada, más cuando hay factores en los que la eficiencia de la actuación pública debería convertirse en un imperativo para el desarrollo económico, en particular del sector edificador.
