Después de meses de un complejo proceso, Colombia ha llegado al acuerdo que necesitaba para garantizar el financiamiento de inversiones sociales en la próxima década.
Hay que poner en perspectiva y dar el valor que merece este consenso, especialmente en una época caracterizada cada vez más por los desencuentros y la polarización, todos ellos amplificados por el torrente informativo que circula y que, en ocasiones, dificulta la comprensión de lo que es necesario para el futuro de nuestros países.
Las finanzas públicas colombianas necesitaban una reforma tributaria. La crisis económica generada por la covid-19 redujo sustancialmente los niveles de recaudación fiscal de empresas y ciudadanos. En paralelo, las inversiones públicas durante la pandemia, de alrededor de 44,4 billones de pesos, sirvieron para atender a colectivos vulnerables, aumentar la capacidad hospitalaria, proteger el empleo y reactivar la economía, pero también supusieron un fuerte desgaste de las arcas públicas.
En este contexto, la reforma tributaria era algo imprescindible. Lo destacable del consenso logrado es que ha acercado posturas que parecían irreconciliables entre sociedad civil, dirigentes políticos y ecosistema empresarial en favor de los intereses del país. Cabe destacar aquí el ánimo del empresariado colombiano, que siempre ha puesto el hombro en los momentos difíciles, y esta no es la excepción. De hecho, la mayor parte de los ingresos previstos en la reforma provendrán de un incremento en la carga tributaria de las empresas.
La reforma no atiende únicamente al objetivo de asegurar nuevas fuentes de ingresos, sino que deja muy clara la prioridad social del gasto. Esto significa que el Estado tendrá más margen para invertir en áreas clave del desarrollo como educación, protección social, crecimiento verde, desarrollo empresarial o sistemas de salud. Por ejemplo, el Ingreso Solidario, que proporciona aproximadamente 40 dólares mensuales a 3,3 millones de familias, se prorrogará hasta 2022. El programa de subsidios salariales a las pequeñas y medianas empresas, que debía mantenerse hasta diciembre de 2021, continuará también durante el 2022. Además, se contemplan subvenciones para las empresas que contraten a trabajadores con salarios bajos de entre 18 y 28 años, así como incentivos para la contratación de mujeres. Por último, la gratuidad de la matrícula en las universidades públicas para los estudiantes de ingresos bajos y medios queda como una política nacional permanente que ayudará a cerrar las brechas de acceso a la educación universitaria.
También, es importante destacar el liderazgo del equipo económico del gobierno y la respuesta responsable del Congreso de Colombia en sacar adelante de forma exitosa esta reforma, particularmente tomando en cuenta el reto que significa acometer una reforma fiscal el último año de gobierno. Todo lo sucedido alrededor de la aprobación de la reforma tributaria en Colombia puede resultar de gran valor para los países latinoamericanos, en su mayoría atravesados por complejos contextos socioeconómicos provocados por la pandemia. En primer lugar, por la estabilidad fiscal que tendrá el país. La modernización del sistema fiscal es una base necesaria para la reactivación económica y el crecimiento sostenido, y refuerza una regla fiscal que preservará el equilibrio estructural. Y en segundo lugar, porque se han dejado al lado las posturas particulares para darle al país las estructuras que realmente necesita para acelerar sus procesos de desarrollo económico y convertirse en una economía de ingresos altos.
En la próxima década América Latina y el Caribe necesita llevar a cabo transformaciones profundas para no dejar escapar el tren de la Cuarta Revolución Industrial. En este camino, el espíritu de cooperación y entendimiento mostrado por Colombia es una muestra de la importancia de los consensos para alcanzar el destino de un desarrollo sostenible.
Sergio Díaz-Granados
Presidente ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina
