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Noticia

Educación

Reforma de la Educación: Gobierno confirma que no radicará la estatutaria y anuncia cuál será la apuesta para el sector; ¿qué implicaciones trae esta la decisión?

Daniel Rojas

Daniel Rojas, ministro de Educación.

Foto:Presidencia

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De acuerdo con el mininterior Juan Fernando Cristo, el ministro de Educación, Daniel Rojas, solo presentará una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30. ¿Qué pasa con los otros proyectos que el Gobierno planeaba?

Mateo Chacón OrduzSubdirector Vida
El Ministerio de Educación no volverá a presentar el proyecto de ley estatutaria que buscaba hacer de la educación un derecho fundamental, ni tampoco lo hará con todo el paquete de reformas educativas que la exministra Aurora Vergara Figueroa le anunció a EL TIEMPO que había dejado con un borrador ya redactado. En cambio, solo se presentará un proyecto de reforma puntual hacia los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en el país.

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Así lo dio a conocer el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, luego de reunirse por varias horas con el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, en el que se socializó la agenda legislativa del Gobierno de cara a la legislatura que recién inicia.
“En el Ministerio de Educación se tomó la decisión de que esa ley estatutaria no se volvería a presentar, no tengo explicación de las razones”, explicó Cristo.
(Lea también: ‘El acuerdo nacional debería ser por la educación’: rector del colegio Sabio Caldas)
Juan Fernando Cristo, ministro del Interior.

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior.

Foto:@CristoBustos

Añadió que "lo que sí me ha dicho el ministro (de Educación, Daniel Rojas) es que se va a presentar una reforma muy puntual de dos o tres artículos que tienen que ver con unas modificaciones a la Ley 30 de educación superior, para garantizar y mejorar la financiación de las universidades públicas".
Se trata de un cambio total de enfoque en el Ministerio de Educación. Y es que con esta determinación, todo parece indicar que la prioridad de la cartera educativa ya no va a ser hacer una gran reforma al sistema educativo del país, como se había planteado en los primeros dos años del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En cambio, el foco será solamente los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, el cual tiene que ver con la financiación de las universidades públicas, una movida que puede ser mucho más fácil de tramitar en el Congreso, al haber un consenso en la necesidad de modificarlos, aunque no lo hay en cuanto a cómo hacerlo.
Y es que durante años se ha hablado del desfinanciamiento de las universidades públicas. De hecho, las diferentes reformas propuestas en el programa de Gobierno del hoy presidente Petro no estaban incluidas, a excepción de la reforma a estos dos artículos. Así mismo, esto ha sido un constante reclamo de los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE, las universidades públicas del país), y ha motivado varios paros estudiantiles, como los que ocurrieron en 2018 y 2019.
(Le puede interesar: Mineducación asegura que existe 'problema estructural de violencia' tras muerte de residente Catalina Gutiérrez: detalles)

¿Por qué reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30?

La situación económica de las universidades públicas del país es delicada. Basta con ver, solo por poner un ejemplo, lo que ocurrío con la Universidad Pedagógica, que el año pasado se hizo viral porque sus edificaciones estaban en un lamentable estado, con grietas en sus paredes, techos a punto de caer, entre otras deficiencias de infraestructura.
O lo que sucede en la Universidad Nacional, donde cada vez que llueve, se extiende el temor de un colapso de la Sede de Farmacia o el edificio del Instituto de Ciencias Naturales y del Museo de Historia Natural.
Pero también se evidencia con la falta de solvencia que presentó la Universidad de Antioquia este año, que puso en riesgo el pago de la nómina. Y no son los únicos casos. Esto se repite en cualquiera de las 34 universidades públicas del país, que enfrentan aprietos para asegurar inversión o a veces dificultades para cumplir con sus gastos.
No por nada los problemas de financiación, derivados de la Ley 30 de 1992, que establece las transferencias de la Nación a las universidades, fue la causa del gran paro estudiantil de 2018, y ha sido un tema presente en las sucesivas marchas de 2019, 2021 y en las primeras manifestaciones que se ven ya en algunas instituciones del país.
Para entender este problema, hay que conocer cómo se financian las universidades públicas. De acuerdo con la mencionada Ley 30, el presupuesto que asigna el Estado a las instituciones públicas corresponde al valor del IPC, es decir, a la inflación.
“Esto ha sido un problema, porque los costos universitarios han subido en promedio 5,2 puntos porcentuales más que el IPC”, explicó a este diario Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), la organización que agrupa a las 34 universidades públicas del país.
Esto se explica, entre otras cosas, porque ha habido un crecimiento exponencial en el número de matrículas, lo que ha su vez ha requerido aumentar el personal, la planta docente y otras serie de gastos. La situación ha causado que, de cubrir casi la totalidad de los costos universitarios, hoy los recursos que aporta la Nación, alcaldías y gobernaciones corresponden al 55,25 por ciento. El 44,75 por ciento restante corre por cuenta de las mismas instituciones.
(Lea además: Bogotá se alista para recibir a líderes en educación superior de más de 100 universidades de la región)
Muestras de plantas bajo plásticos para protegerlas.

Muestras de plantas bajo plásticos para protegerlas de las goteras en el Instituto de Ciencias Naturales de la universidad Nacional, prueba de las dificultades económicas del sector.

Foto:Alejandra López P.

De esta forma, según el SUE, solo del 2011 al 2021 el IPC fue, en promedio, del 3,7 por ciento, lo que significa que cada año este fue el aumento de recursos que recibieron las universidades. Sin embargo, anualmente sus gastos de funcionamiento subieron un 8,8 por ciento, y el de personal, un 9,4 por ciento, unos 5 puntos porcentuales más de lo que recibieron.
Este incremento ha sido muy poco para sostener el creciente número de estudiantes del sector, que requiere una fuerte inversión en infraestructura y plazas docentes, sin contar que cada vez los profesores están mejor preparados (los profesores con formación doctoral pasaron de ser el 6,2 por ciento en 2004 a ser el 15,5 por ciento en 2021, un aumento del 481 por ciento), lo cual implica salarios más altos.
Más estudiantes, más profesores y aumentar infraestructura ha requerido que las universidades pasen de cubrir menos del 10 por ciento de sus gastos hace 30 años a que hoy cubran, por sus propios medios, el 44,75 por ciento de sus gastos de manera autónoma, muchas veces con grandes dificultades, y arrastrando un faltante presupuestal que, acumulado, suma 15 billones de pesos, según cálculos del SUE, siendo 3,5 billones solo para funcionamiento y unos 8,2 para infraestructura.
Para solucionar estos problemas, todos los sectores parecen estar de acuerdo en que es necesario que ya no se utilice el IPC para calcular los incrementos anuales de las universidades, sino el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), del Dane, que determina realmente cuánto se incrementan los gastos de las universidades cada año en términos reales.
Sin embargo, el cálculo sería más complejo que solo tomar el porcentaje de dicho índice, y para ello ya se han presentado varias propuestas tanto por el SUE, por el mismo Gobierno y por sectores independientes, como la representante a la Cámara por la Alianza Verde y exlíder estudiantil, Jennifer Pedraza.
(Puede consultar también: Las alarmantes cifras que muestran la crisis en la educación rural: alta deserción, los peores resultados, pocos docentes, y sin electricidad ni internet)

¿Cambio de planes del Gobierno con la Educación?

De cualquier forma, y pese a la urgencia de algunos sectores respecto a reformar específicamente estos dos artículos, la decisión del Ministerio de Educación, no deja de ser sorpresiva.
Y es que a inicios del Gobierno también se hablaba solo de reformar este aparte de la Ley 30, idea que evolucionó a una reforma integral a la educación superior (que la cartera empezó a llamar ‘Nueva Ley de educación Superior').
A esto se suma que en el camino surgió el mencionado proyecto de ley estatutaria de educación, cuyo anuncio en principio fue una gran sorpresa para un sector que no esperaba que esta fuera a ser la prioridad del Gobierno por encima de la Ley 30.
“Sin la estatutaria, que si bien fue criticada por varios puntos, pero votada unánimemente en tres debates del congreso, se desechan grandes avances que se proponían y que servían para combatir problemas como la deserción escolar y el tránsito a la universidad, como el hacer obligatoria la educación media (grados décimo y once), que hoy no se dictan en gran parte del país”, explicó el experto en políticas públicas educativas Luis Eduardo Camargo.
Y ahora el Gobierno tampoco habla de la reforma al Sistema General de Participaciones, que es la bolsa donde se desprende alrededor del 70 por ciento de los recursos de la educación, el sector con mayor presupuesto. Su reforma ha sido una petición reiterada de Fecode, el sindicato de maestros y aliado del Gobierno, lo que hace más llamativo que no se priorice para esta nueva legislatura.
Queda en veremos también el futuro de la reforma al Icetex, tema en el que trabajó el expresidente de la entidad Mauricio Toro, y que también fue promesa de campaña y del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Petro.
Pero la pregunta es ¿por qué? Para el analista Ricardo Rodríguez, la respuesta radica en la viabilidad de las propuestas: “Desde el principio los rectores del SUE insistieron en solo priorizar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que son los más urgentes. Ampliar la discusión a otros temas de educación superior complica el trámite. El Gobierno necesita victorias en el sector educativo, y lograr solucionar un problema estructural, pero legislativamente más fácil de hacer, es un buen camino. Aunque le pesará no sacar sus otras reformas adelante, por lo menos le apuesta a lograr algo más viable para el poco tiempo que queda de Gobierno, pero igualmente significativo como salvar las finanzas de las universidades”.
MATEO CHACÓN ORDUZ
Periodista de Educación
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Mateo Chacón OrduzSubdirector Vida

DETRÁS DE LA NOTICIA

A partir del anuncio del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sobre el futuro de las reformas educativas, expertos consultados por EL TIEMPO explicaron las implicaciones de esta determinación. Adicionalmente, se utilizaron los datos del Índice de Costos de la Educación Superior del Dane y las cifras del estado financiero de las universidades públicas recopilado y sistematizado por el SUE, para explicar la importancia de reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

Bogotá, Colombia

REFERENCIAS

Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) - Dane. 26 de julio.

Enlace: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion/indice-de-costos-de-la-educacion-superior-ices

Sostenibilidad y Financiación de las universidades públicas - Sistema Universitario Estatal. 

Enlace: https://media.utp.edu.co/archivos/Sostenibilidad%20y%20Financiaci%C3%B3n%20de%20las%20Universidades%20P%C3%BAblicas%20en%20Colombia%20SUE%202021VF.pdf

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