El Ministerio de Minas y Energía señaló que en la facturación que recibirán los usuarios de la costa Caribe en los próximos días se podrán evidenciar caídas en el precio del kilovatio, por cuenta de algunas medidas que se están tomando desde el Gobierno para llegar a este resultado.
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De acuerdo con la cartera, para los usuarios de Afinia la caída sería de unos 4,4%, mientras que para los de Air-e podría ser de 4% y se daría en las facturas recibidas entre el 5 y el 15 de julio.
Estas dos comercializadoras son las que cuentan con la unidad de energía más cara del país y la que más han incrementado sus precios en el último año. De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en Afinia el kilovatio costaba $1.128,4 en el quinto mes del año para el mismo estrato, evidenciando un alza de 32,5% frente al mismo mes de 2023.
Entre tanto, un kilovatio hora a los usuarios de Air-e para el estrato 4 costaba en mayo $1.185,6, sin subsidio y sin sobretasa. Esto implica que comparado contra mayo de 2023, el incremento en el precio es de 29,54%.
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Esto implica que la reducción, tomando como caso una caída de 4% en Air-e para el costo unitario de mayo, podría ser de $47. Por su parte, para el mercado de Afinia la contracción podría alcanzar $49 por kilovatio.
Aunque vale la pena destacar que esto no incluye los incrementos que podría haber en los demás componentes de la tarifa. De igual manera, este acuerdo cobija inicialmente solo a los usuarios de estratos 1, 2 y 3.
Sin embargo, Jhon Jairo Granada, gerente de la filial de EPM, explica que en este mes la contracción esperada no será explicada por la titularización de la deuda de opción tarifaria. "No vemos que en este mes se vayan a ver disminuciones por lo que se requiere la regulación para poder hacerlo efectivo y el giro de los dineros".
Granada dijo que "debido a gestiones realizadas por Afinia hemos logrado que para julio se dé una disminución de $50 en el kilovatio hora. Es decir, que disminuiremos el costo unitario de $1.128 a $1.058, pero no tiene que ver con las decisiones del gobierno ni con la opción tarifaria"
Adicionalmente, la cartera de Energía informó que otras compañías, como las comercializadoras del Grupo EPM, (EPM, Afinia, CHEC, CENS, EDEQ, y ESSA) también se habían suscrito al acuerdo con los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, la Superintendencia para hacer estas contracciones.
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No solo estas caídas tendrán efectos en las facturas, puesto que la disminución en el consumo por parte de los usuarios también puede tener un efecto en el precio final que se debe pagar.
De acuerdo con Air-e en "junio presentó una disminución de 3% en comparación con mayo; no obstante, si comparamos con junio del año pasado, no se ha visto una reducción significativa. Esto evidencia que los consumos aún se mantienen dentro de los rangos históricos típicos de los meses de junio. Es crucial que los usuarios logren hacer un uso responsable de la energía y que los subsidios reflejen el consumo derivado de las condiciones climatológicas".
Afinia
Afinia
La reducción que se verá en los mercados del caribe se explican por un acuerdo que se firmó entre las carteras de Hacienda y Minas y Energía, la Superservicios y las empresas para que se les traspase a los usuarios una reducción equivalente a los fondos recibidos por parte de Findeter y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).
Esto dando cumplimiento al compromiso que hizo el presidente Gustavo Petro de que la Nación asumiría la deuda de la opción tarifaria, lo que implicaría que los usuarios dejarían de pagar este componente.
De acuerdo con Air-e, esta medida es "un paso en la dirección correcta" y añadieron que es necesario que "continúen los esfuerzos para asegurar una estructura tarifaria justa y asequible para todos los usuarios".
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Vale la pena destacar que la opción tarifaria fue un programa del Gobierno que generó una congelación de las tarifas, lo que hizo que se creara una diferencia entre el valor real del kilovatio que se cobraba y el que efectivamente se generaba.
Esto ha significado deudas de más de $5 billones por parte de los usuarios con las empresas de comercialización.
Ahora, las empresas están cobrando un poco más en las facturas para hacer una recuperación de esta deuda, por lo ahora el saldo oscila entre $4 y $4,5 billones, según José Camilo Manzur, presidente de Asocodis.
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Sin embargo, las empresas han tomado créditos para manejar su situación financiera. Lo que el Gobierno propuso por medio de la resolución 40225 es que las empresas de forma voluntaria hagan un traspaso de estos fondos a la tarifa, bajo la condición de que posteriormente el Estado hará el pago de la deuda correspondiente a lo que han generado los estratos 1, 2 y 3, que equivale a $2,7 billones, según Minenergía.
Ahora bien, la aplicación de esta resolución necesita de la intervención de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), puesto que se deben dar ajustes regulatorios que deben ser expedidos por la Comisión en un plazo de 30 días. En estos ajustes la entidad regulatoria deberá incluir la aplicación de beneficios derivados de créditos desembolsados o de la titularización de deudas por parte del Gobierno Nacional.
Sin embargo, esta entidad se encuentra inoperante, dado que los nombramientos en encargo se vencieron y el nombramiento de Ómar Prías en la Creg fue tumbado por el Consejo de Estado. esto implica que actualmente solo está como comisionado experto Baisser Antonio Jiménez y hasta el próximo 11 de julio el comisionado en encargo Manuel Peña.
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.
Minenergía
El Ministerio llamó a otras compañías de comercialización del país a que se uniera al acuerdo, para transferir el valor adquirido por medio de créditos a las tarifas de los usuarios.
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Sin embargo, hasta el momento otras compañías no se han sumado.
Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores, dijo que es complicado que se dé una contracción hasta tanto no haya una seguridad sobre los fondos que pondrá la Nación para pagar el saldo de opción tarifaria
“La medida será efectiva en la medida en que se concrete la titularización de la deuda de la opción tarifaria que se espera asuma el Estado. Si eso se materializa, el efecto es inmediato”, dijo el experto.
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Por este motivo, Manzur llamó a que se gestione de forma urgente el proyecto de ley por medio del cual se habilitarían los recursos con los que el Gobierno asumiría la deuda de este componente.
En la medida que esto se tramite rápidamente las reducciones podrían ser generalizadas en el país, aseguró.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista de Portafolio
