A veces tengo la sensación de que en el sector público tenemos simplemente demasiados planes, y de que la razón por la que muchas oficinas de planeación, sobre todo en departamentos y municipios, tienen poco impacto es porque se les va el tiempo en preparar los múltiples planes que les piden y no hacen la otra mitad del trabajo: seguir los ya formulados, asegurar que su ejecución sea ‘fiel’, en lo posible, e impulsar los ajustes necesarios si los resultados no se están logrando, incluyendo la posibilidad de revisar las hipótesis.
Formular documentos para múltiples temas –especialmente donde no hay equipos especializados en cada asunto– genera planeación de baja calidad por falta de especialización de los analistas de las entidades oficiales, pero también algo peor: no permite participación efectiva de actores que pueden ser decisivos para entender el problema, legitimar la decisión y/o implementarla. Estoy convencido de que la baja efectividad relativa de muchas intervenciones –al menos medida según percepciones– se debe a la falta de consenso en torno a la forma en que el Gobierno definió el problema. Acercarse a ese acuerdo requiere tiempo.
Pero es muy difícil dejar de generar planes a medida que se van detectando nuevas necesidades. Una posibilidad es trazar directivas que obliguen a definir más integralmente los problemas. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, puesto en marcha este año, es una buena muestra de cómo se puede consolidar la planificación –y con ella el reporte– sobre múltiples políticas. Pero no es suficiente.
Un problema de fondo es que lo que ha hecho a los planes importantes entre nosotros es la fuerza legal: ser ordenados por leyes o decretos. Pero la lógica de la ley es de ser algo definitivo, y los planes responden a hipótesis –que pueden cambiar– sobre lo que es deseable. Una vez que un proyecto nacional o territorial se convierte en ley, ordenanza o acuerdo pierde la capacidad de ajuste. Para acoplar un plan de desarrollo territorial con el nacional, o uno de ordenamiento territorial con los de manejo de cuenca, se requiere flexibilidad y la posibilidad de revisiones parciales. Muchos temas que surgen en los periodos de gobierno encuentran problemas para recibir asignación de recursos porque no están contemplados en los planes de desarrollo.
Hay que discutir si realmente necesitamos proyectos respaldados por leyes o acuerdos, y si no, tenemos la opción de diseñar programas de más largo plazo, que ya no se ajusten esencialmente a la etapa de un gobernante electo. La combinación de plazos más largos, aproximaciones integrales y flexibilidad para ajustes puede descongestionar los procesos de planeación liberando energía para el seguimiento, la evaluación y el ajuste, y también para la participación de más actores.
La lógica de la planeación es de respuestas flexibles a problemas a partir de hipótesis. Las leyes están hechas para ser inflexibles y los mandatos tienden a contradecirse. Sin embargo, ambos han sido hasta ahora los legitimadores de la planeación. Debemos hallar una manera de que esta sea respetada sin depender de la ley, y tal vez de que sus plazos se adapten a los temas. Tal vez necesitamos que sea más la presión de nuevos sectores participando en el diseño, y menos la norma, lo que evite que planes legalmente menos rígidos se conviertan en letra muerta.
Gustavo Valdivieso
Profesor de la Universidad Externado
