El reciente informe del Panel de Cambio Climático de las Naciones Unidas concluyó que si se quiere cumplir la meta de un aumento no mayor a 1,5 grados de la temperatura en el planeta, habría que disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 45 por ciento para el año 2030. Pero para esto se requieren cambios urgentes y de gran escala por parte de gobiernos e individuos. Además de invertir recursos cada año: alrededor del 2,5 por ciento del PIB mundial durante dos décadas.
La principal duda es cómo llegar al nivel de reducción esperado. Entre las principales medidas sugeridas por los miembros del panel está el aumento del impuesto al carbono a 100 dólares o más por tonelada. El informe indica que, para lograr la meta de la comunidad internacional sobre los precios del carbono, se debería alcanzar un precio entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2 para el 2020, y entre 50 y 100 dólares por tonelada de CO2 para el 2030.
La ventaja del impuesto al carbono es que grava el costo de polución al medioambiente, se obtienen recursos para planes de adaptación al cambio climático y lo más relevante, estimula un mercado descarbonizado hacia energías limpias y movilidad eléctrica.
En Latinoamérica, el impuesto al carbono, adoptado por países como Chile, México y Colombia, es de 5 dólares por tonelada. Lamentablemente, estas tasas son muy bajas y de exigua recaudación que no compensan las emisiones de CO2 emitidas. Para que haya un cambio significativo, el alza del tributo debe ser tal que su costo disuada al consumidor y a las empresas de adquirir combustibles fósiles.
En países en vías de desarrollo, con modelos de libre mercado y productores de hidrocarburos como México, Perú o Colombia, cuyas rentas son claves para el gasto fiscal, subir el impuesto a más de 100 dólares sería una medida audaz, y pocos tendrían el coraje político para impulsar un alza de este tipo. Primero, sería impopular, dado que traspasa dicho impuesto al consumidor; segundo, podría ocasionar un alza inflacionaria (inconveniente para las metas macroeconómicas de cada gobierno), y tercero, afectaría a una industria que hoy genera dividendos y le da oxígeno a sus arcas fiscales.
Sin duda, en el balance no se toma en cuenta el impacto económico en la productividad de cada país que provocaría los efectos del cambio climático, como desastres naturales, sequías, desplazamiento climático, huracanes e inundaciones. Estos costos pueden ser cercanos a 0,5 por ciento del PIB por cada país en Latinoamérica hoy, y pueden escalar 2,5 por ciento del PIB si la temperatura sube a 2,5 grados, de acuerdo con un informe de la Cepal.
A pesar de lo anterior, los gobiernos latinoamericanos han justificado en el pasado un impuesto bajo al carbono afirmando su condición de economías en desarrollo, con menor capacidad adquisitiva y baja tecnología, que no han tenido gran incidencia en las emisiones globales de C02, y concluyendo que, finalmente los países con mayores emisiones son los que deberían subir sus tasas, a pesar de que la atmósfera es compartida por igual. El alza del impuesto al carbono en los países de América Latina y en especial para aquellos que son miembros de la Ocde, es una medida necesaria y, al menos, se debería estudiar para lograr la meta de un planeta descarbonizado en el 2050, internalizando el costo de los efectos del cambio climático en la economía.
José Palma Tagle
Presidente, Empresas Líderes por la Acción Climática
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