En mi columna anterior escribí sobre el freno a la innovación, que representa el tener que pasar por el tamiz regulatorio del Invima, artículo que desencadenó una serie de historias de gente contándome sus casos, lo que me llevó a profundizar el tema, y ver cómo cada sector tiene su encargado de volverlo poco amigable para el empresario.
Tengo clara la necesidad de regulaciones fuertes, transparentes y sencillas tanto para empresarios como para el regulador, pero el problema es el exceso de normas, contradictorias, casuísticas, confusas, cuando no claramente equivocadas, que sirven para espantar la iniciativa privada, por lo menos la formal.
Como país debemos decidir si queremos emprendedores innovadores o no, y ser más pragmáticos a la hora de enfrentar el tema de la iniciativa privada, sobre todo de los pequeños empresarios, muchos de los cuales empiezan con una idea o un arte y lo quieren llevar al siguiente nivel sin tener dinero distinto al que les genera el mismo negocio.
Pregunto, entonces: ¿no es mejor dejarlos arrancar cobijándolos en la formalidad y a medida que crecen ayudarles a mejorar sus practicas manufactureras, si lo necesitan, en lugar de obligarlos a encajar en normas que no consultan la realidad, haciéndolas difícil de implementar por imprácticas y costosas?
El mensaje pareciera decir: haga su emprendimiento fuera del radar del Estado, porque una vez cuente que está en el mercado, todas las entidades regulatorias van a caerle, sin piedad, amenazando con cerrarlo. Parece un mal chiste, pero no lo es.
Por ejemplo, una finca en la mitad de ningún lado, que, gracias a la firma de la paz, empezó a recibir turistas, necesita, entre otros ilógicos requisitos, un certificado de bomberos, quienes nunca han ido por allá ni van a ir, pero hay que pagarles para que den un certificado de conformidad. O la señora que desde hace 10 años hace jugos y mermeladas de frutas en su pueblo y se quedó ahí porque alguna vez trató de registrar su producto ante el Invima, pero en la primera visita le dijeron que en su cocina no podía fabricar sus productos. Estos son solo dos ejemplos pero los emprendimientos fallidos, gracias a normas claramente inconvenientes para el país, son innumerables.
Mientras tanto, hay un celo excesivo con el negocio formal, para deleite de los ilegales, porque digamos el Invima, las secretarías de salud, la policía, Dian, o la autoridad que sea, pasan por encima, literalmente, de un marisma de vendedores y puestos informales que venden toda clase de productos desde jugos, cremas, incluso medicamentos hasta de marihuana y coca, todos informales cuando no abiertamente ilegales, para multar o cerrar un establecimiento porque no cumple con el millón de requisitos que debe tener, como, por ejemplo, no tener vigas de madera porque, según el Invima, esto es altamente contamínate y peligroso para la salubridad.
En Colombia, el Invima, o las secretarías de Salud cerrarían fabricas tan hermosas como las de champaña en Europa por tener bodegas en cavas de piedra porosa, llenas de moho, húmedas, con estanterías de madera, imposibles de evacuar en términos de bomberos y que, además, permiten entrar turistas.
Y si el emprendedor quisiera defenderse, de la entidad reguladora, tendría que acudir ante una justicia indiferente, que oronda se va a tomar años en decidir su caso.
