La declaratoria de inexequibilidad de la Ley de Financiamiento, por parte de la Corte Constitucional, no trajo los efectos catastróficos anunciados por el Gobierno. Después de presentada la decisión, los mercados financieros (dólar, acciones y títulos del gobierno) mostraron estabilidad, lo cual llama a una lectura más profunda de los efectos.
En primer lugar, se debe destacar la fortaleza de las instituciones, que, a pesar de la presión, no solo hicieron cumplir las reglas, sino que entendieron los efectos económicos de su decisión y le dieron al Gobierno y al país hasta el fin de año para buscar soluciones.
La gran afectada es la confianza inversionista, principalmente la extranjera, que ve en la inestabilidad jurídica un riesgo para constituir empresas, emprender proyectos y traer recursos de largo plazo al país. En el corto tiempo, hasta que se apruebe la nueva ley, todas las decisiones de inversión se van a paralizar, desde las pequeñas en finca raíz hasta los grandes proyectos que están por cerrar o en estructuración.
Para el Gobierno es una gran oportunidad, pues había prometido no hacer una nueva reforma tributaria, pero tenía un déficit, generado por la reducción de impuestos a las empresas, que solo en el 2020, según Fedesarrollo, era de $5 billones.
Al parecer lo que hizo la Corte fue lanzarle un salvavidas al Gobierno y aunque ahora este dice que presentará la ley tal cual está hoy, sería absurdo que no aprovechara para mejorar la situación fiscal; esto sin contar con que es bien sabido que se sabe lo que entra al Congreso, pero no lo que se aprueba, y más en materia de impuestos.
Otros grandes perdedores serán: la popularidad del Gobierno, pues los impuestos nunca son populares y, por consiguiente, la reforma laboral y pensional, que encontrarán un Ejecutivo desgastado para enfrentar temas tan difíciles, pero tan necesarios.
Ahora bien, lo que podemos esperar de la reforma tributaria, entre otras cosas, es que intente incrementar los impuestos a las personas naturales, pues, aunque no nos guste, tenemos un desequilibrio entre el impuesto a las personas y las empresas.
En los países desarrollados, la carga está sobre las personas y esto permite que las empresas generen riqueza y empleo, pero para nosotros esto está mal visto y preferimos darnos un tiro en un pie y asociarlas con los ricos, que son los malos. Pero no, los ricos son las personas, no las empresas, y por lo tanto es a ellos a los que debemos pedirles que paguen.
Y no solo a los dueños de las empresas, que deben pagar más, sino a la mayoría de los que generamos ingresos, lo cual implica una ampliación de la base y una tasa impositiva marginal. Todos debemos aportar de acuerdo con nuestras capacidades económicas.
Lo otro, que seguramente se pondrá sobre la mesa, es la simplificación tributaria, que implicaría la eliminación de cientos de exenciones tributarias que desangran el erario, no solo por su costo intrínseco, sino por lo fácil que hacen la evasión. Lo difícil son los intereses que esto toca.
En suma, el vaso de la inexequibilidad se ve medio lleno para el país y vacío para los que exigen al Estado, pero no les gusta pagar, pues se vienen más impuestos.
Luis Eduardo Arango Varón
Exdirector de Crédito Público
