El Dr. Felipe Bayón, Presidente de Ecopetrol, dijo en CM& que la oferta no vinculante de esa entidad por la participación del Estado en ISA, que equivale al 51.4 porciento de las acciones en circulación, se basa en la autorización que otorga el Artículo 20 de la Ley 226 de 1995.
Ese artículo dice: “la enajenación accionaria que se realice entre órganos estatales no se ajusta al procedimiento previsto en esta Ley, sino que, para este efecto, se aplicarán únicamente las reglas de contratación administrativa vigentes”.
Esto implicaría que tanto la Nación, que sería el enajenante de la participación en ISA, como Ecopetrol que sería quien adquiere esa participación, son órganos estatales. Me parece que esa conclusión puede ser errónea dado que tanto Ecopetrol como ISA tienen accionistas privados, tanto nacionales como extranjeros.
Y, además, los recursos con los cuales Ecopetrol pagaría la mencionada participación controlante de ISA provendrían, al menos en parte, de una nueva colocación de acciones en el mercado público de valores.
Pero, en gracia de discusión, aceptemos que Ecopetrol puede legalmente adquirir la participación mencionada en ISA. Habría que analizar también si el precio que ofrece la petrolera por las acciones es un precio justo.
A pesar de que el Dr. Bayón dijo que él creía que era un buen negocio para los colombianos, al menos en términos relativos parece no ser tan buen negocio para estos últimos representados por el gobierno pues el precio resulta muy bajo ya que es de unas ocho veces EBITDA mientras el más reciente negocio comparable en la región se hizo en Chile a veinticuatro veces EBITDA, es decir un precio relativamente tres veces mayor.
Tal como está planteado parece ser un buen negocio para Ecopetrol que no es de todos los colombianos y un mal negocio para el la Nación, que si es de todos los colombianos. También parece ser un mal negocio para los accionistas de ISA, ya sean los mayoritarios o los minoritarios. En fin, no parece ser un negocio justo.
Es por este último motivo que resultan preferibles las subastas que invitan y admiten a más de un postor pues así se puede obtener un precio justo y no beneficiar ni a quien compra ni a quien vende.
Para ello sería necesario al menos otro postor y parece ser que hay quienes están interesados y que probablemente podrían ofrecer a la Nación mejores precios debido a la sinergia que resulta de ser ellos también distribuidores de energía, me refiero a Grupo Energía de Bogotá GEB y a Empresas Públicas de Medellín EPM.
En estos negocios en los cuales, así sea de manera simbólica, todos los colombianos son los accionistas, se deben extremar los cuidados de legalidad y de justicia. Pero adicionalmente estos negocios deben ser totalmente transparentes y exentos de matices partidarios, regionalistas o nacionalistas.
Debe haber una manera de hacer los negocios legal y justamente y no en la modalidad de “con burro amarrado”.
Paul Weiss Salas – Experto en inversiones bursátiles.
