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Análisis

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Compras de la reforma agraria van en 6,7 % de la meta, principal reto de la nueva ministra de Agricultura, Martha Carvajalino

Martha Carvajalina, ministra de Agricultura.

Martha Carvajalina, ministra de Agricultura.

Foto:Ministerio de Agricultura

Solo son viables para compra 159.553 hectáreas. Razones del rezago de una de las banderas del gobierno de Gustavo Petro

Noelia Cigüenza RiañoSubeditora
El principal reto de la recién nombrada nueva ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, en reemplazo de Jhenifer Mojica será acelerar la reforma agraria para llegar a las 600.000 hectáreas compradas este año. 

Conforme a los criterios de

Y es que a pesar de ser una de las grandes apuestas de este Gobierno, la reforma va a paso lento y solo se han comprado de manera voluntaria 100.768 hectáreas, lo que representa el 6,7 por ciento del total de las 1,5 millones que se esperan adquirir en este Gobierno. 
A este ritmo, el propio presidente Gustavo Petro confesó hace un par de meses que tardarían 40 años en cumplir con lo acordado en el Acuerdo de Paz alcanzado con la extinta guerrilla de las Farc en 2016 y que llega a los 3 millones de hectáreas.
El Gobierno busca comprar tres millones de hectáreas, que serán entregadas a familias campesinas.

El Gobierno busca comprar tres millones de hectáreas, que serán entregadas a familias campesinas.

Foto:Archivo EL TIEMPO

Respecto a la titulación, según cifras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, se han formalizado 1’130.101 hectáreas, lo que supone un 16 por ciento del total de la meta fijada en el Acuerdo, que llega a 7 millones.

Hay 159.553 hectáreas listas para comprar

Si bien las personas han ofertado 1,9 millones de hectáreas, son viables para la compra y están listas 159.553 hectáreas. La mayor parte proviene de los afiliados a Fedegán, gremio de los ganaderos con el que el presidente Gustavo Petro firmó un acuerdo de compra directa.
El resto se dan a través de organizaciones sociales como la Autoridad Nacional Afrocolombiana (Anafro) y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), entidades del Estado como la SAE y el Fondo de Reparación de Víctimas, o a través de la línea de atención directa vía WhatsApp.
De ese total, el Gobierno ha repartido tierra a las comunidades étnicas. Por ejemplo, en Casanare, en Putumayo, en Huila y en Risaralda. Y a campesinos de diferentes departamentos del país. Algunas de ellas están en Antioquia, Sucre, Caquetá, Bolívar y Norte de Santander, entre otros departamentos.
La última maratón de entrega de tierras fue la semana pasada cuando la ANT se dispuso a entregar 8.000 hectáreas en 16 municipios de 10 departamentos como Antioquia, Cesar, Córdoba, Huila y La Guajira. 

Van 10.328 hectáreas compradas a los ganaderos

A corte del 2 de julio, según un reporte de Fedegán, los ganaderos han hecho 1.412 ofertas por una extensión de 599.876 hectáreas. La mayor parte de ellas están en los departamentos de Arauca (179.741 hectáreas) y Meta (139.916), y ya de lejos en Vichada (48.425), Bolívar (39.987), Cesar (35.685), Magdalena (23.277), Antioquia (21.949) y Casanare (20.319). 
De ellas, hasta el momento, el Gobierno ha comprado 33 predios por una extensión de 10.328 hectáreas. El Meta es el departamento donde más se han adquirido (6.617,17 hectáreas), seguido de Vichada (1.109). 
Adicional a ello, hay 20.215 hectáreas de predios ganaderos comprometidos.

Razones del rezago

Son varias las razones que explican el rezago del Gobierno en uno de sus proyectos bandera. Incluso, esa tardanza fue la que propició la sombra de la expropiación hace unos meses.
Uno de ellos es que se encontraron que, en muchos casos, lo ofertado no estaba realmente en los terrenos más productivos. En este sentido, se priorizaron una serie de núcleos como el sur del Caribe, el Meta, el Tolima o Huila, entre otros.
En Cauca, los indígenas llaman ‘recuperación’ o ‘liberación de la Madre Tierra’ a la invasión de fincas

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Foto:Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Igualmente, las tierras que ofertaban no pasaban finalmente los controles de viabilidad técnica y jurídica necesarios. Además, encontraron problemas de avalúo y de organización de equipos.
Hay descartes porque no hay información de polígonos o porque están reclamadas en restitución de tierras. Además, hay otras que no podemos comprar porque no son productivas o porque están en zonas de desastre y son inundables”, señaló hace unos meses la ministra saliente Jhenifer Mojica.
Además, según explicó, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) venía de un proceso de estancamiento, no tenía presencia territorial, estaba reducida en su presupuesto y capacidad de acción. También dijo que tiene que ver con las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y con el catastro multipropósito.
“La ANT compra las tierras y después las tiene que asignar a los beneficiarios, previo un proceso de selección que está normado y que tiene que desarrollarse con distintas instancias, pero además se debe definir cuál es el desarrollo rural que se va a hacer sobre la tierra. Para esto se requiere una articulación entre la ANT y la ADR y eso hace que las decisiones de pronto no se puedan tomar tan rápido”, explicó.
Respecto a la ejecución, la Procuraduría evidenció que el año pasado se ejecutaron unos 401.000 millones de pesos para la reforma agraria, lo que representa el 33 por ciento de los recursos asignados para esa vigencia y que llegaban a más de 1,2 billones de pesos.

Lío de cifras

Con la salida de la exministra de Agricultura Cecilia López y la llegada de Mojica al cargo, se hicieron evidentes los roces entre esta última y el ya exdirector de la ANT, Gerardo Vega. Estos nunca se pusieron de acuerdo en las cifras de la reforma. En concreto, la controversia fue por los números de la formalización de tierras.
Gerardo Vega y Jhenifer Mojica.

Gerardo Vega y Jhenifer Mojica.

Foto:Prensa ANT / Minagricultura

“Hay un monumental desorden en las cifras de tierras de la implementación del Acuerdo de Paz”, confesó Mojica a este medio en julio del año pasado.
Y es que mientras que la ministra contabilizaba por aquellos meses unas 300.000 hectáreas formalizadas, Vega aseguraba que iban 1,2 millones de títulos entregados en el Gobierno de Gustavo Petro.
La diferencia era porque la administración de Vega contabilizaba los títulos que se pidieron en gobiernos anteriores pero que se resolvieron ahora y Mojica no.
“Las administraciones anteriores por década y media se sentaron sobre esos títulos. Los que estaban en el Incora y el Incoder no los entregaron. Nosotros lo estamos haciendo ahora. Se podría decir que estamos poniendo la casa al día”, decía Vega.
El nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman durante una entrevista concedida al diario El Tiempo y Portafolio hoy 12 de febrero del 2024. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET

El nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman. 

Foto:MAURICIO MORENO EL TIEMPO

La sombra de la corrupción

Adicional a ello, el proceso de reforma agraria también ha tenido denuncias sobre presuntas irregularidades e, incluso, la Procuraduría General de la Nación señaló que están en riesgo 136.911 millones de pesos.
En un informe firmado por el procurador delegado para asuntos ambientales, minero energéticos y agrarios, Gustavo Guerrero, se advierte que desde agosto del 2022 hasta febrero del 2024 -cuando salió del cargo el exdirector de la ANT Gerardo Vega- se presentaron irregularidades en las promesas de compraventa, se compraron terrenos baldíos que no se pueden identificar y hasta predios conformados por humedales, cuerpos de agua y zonas inundables que no son adecuados para la producción agrícola.
Ante ello, el actual director de la ANT, Juan Felipe Harman afirmó que los hechos denunciados obedecen a la gestión de su antecesor y que inmediatamente conocieron el informe reglamentaron los procesos de compra. Además, dijo que ordenó suspender cualquier tipo de pago de esas compras hasta no revisar de manera exhaustiva cada expediente.

Cómo es el proceso

Lo primero que se hace es identificar el predio, ya sea con la información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) o de los gestores catastrales. En el caso de que no se pueda ubicar en las bases, se requiere al propietario para que suministre la información que permita ubicarlo. Y si nada de eso es posible, se acaba el análisis del predio.
Los predios que sí son ubicados catastralmente pasan a una segunda fase de análisis de restitución de tierras. Este se realiza por cruce de capas espaciales, tomando como fuente las capas dispuestas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT). Después de ello, los predios que no presenten solicitud de restitución de tierras son analizados técnica y jurídicamente para determinar su viabilidad.
En primer lugar, se les hace un análisis jurídico en el que se mira que el predio sea de naturaleza jurídica privada, que esté saneado, que el propietario no tenga antecedentes penales, que la posesión esté en manos de sus propietarios y que el predio no tenga un proceso agrario.
Y posteriormente viene un análisis técnico en el cual se mira que no sea un predio urbano o que cumpla con las disposiciones ambientales, agrarias y ecológicas, de acuerdo con métodos indirectos y fuentes secundarias disponibles.
Igualmente, antes de proceder a formalizar los documentos necesarios para la compra se revisan propietarios y oferentes en las listas restrictivas disponibles y en las escrituras públicas.
Noelia Cigüenza RiañoSubeditora
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