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Opinión

Editorial

Creciente preocupación

El deterioro reciente de la seguridad, reflejado en el informe del Consejo Gremial, amerita la toma de medidas urgentes.

Editorial .
El viernes pasado, el Consejo Gremial Nacional, que reúne a 32 gremios de la producción nacional, lanzó su Observatorio de Seguridad, con la publicación de su primer informe. Este reporte inaugural, al que seguirán otros similares periódicamente, no solo identifica las tendencias de los últimos años en criminalidad y violencia, sino que también apunta a recoger una batería estadística y analítica para un “diálogo propositivo” con las autoridades.

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El documento del observatorio empresarial encuentra, tras una minuciosa revisión de una variedad de fuentes oficiales y ONG, un panorama preocupante en distintos aspectos de la seguridad y la lucha contra la criminalidad. Este “momento crítico” que está atravesando el país se refleja en un inocultable retroceso, en los últimos ocho años, de los avances disfrutados por todos los colombianos en los primeros quince años de este siglo.
Si bien esta tendencia negativa no es marcada en un delito como el homicidio, que tradicionalmente es tomado como un indicador principal, en términos de masacres y del asesinato de líderes sociales el balance gira en la dirección equivocada. La última década ha sido testigo de la disparada de varias modalidades criminales como la extorsión y los hurtos a personas. La tasa de denuncias de extorsiones se duplicó entre 2014 y 2023. Más aún, los datos más actualizados de 2024 reflejan un aumento del 28,8 por ciento frente a lo reportado en el mismo lapso del año pasado. Todo esto sin tener en consideración que este delito tiene problemas de subregistro.
Un comportamiento similar fue detectado en el informe respecto a los robos. Las denuncias de los hurtos a personas subieron un 256 por ciento en los pasados diez años, con crecimientos en Bogotá y Medellín del 158 y 193 por ciento, respectivamente. En otras palabras, ciertos delitos que impactan negativamente la tranquilidad de los ciudadanos y la operación de los negocios y las empresas elevan su ocurrencia y se convierten, según las encuestas, en las problemáticas más urgentes de las principales urbes del país.

Es destacable que los empresarios manifiesten su preocupación por la seguridad y busquen contribuir creando espacios de diálogo con  el Ejecutivo.

Este reporte refleja con sus estadísticas el innegable crecimiento de la presencia de los grupos armados ilegales en el territorio nacional. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, el Eln ha elevado en un 56 por ciento su huella en los municipios colombianos; los grupos paramilitares, un 84 por ciento, y las disidencias de las Farc, un 141 por ciento. A lo anterior se deben añadir los aumentos de los indicadores que miden el narcotráfico, los cultivos ilícitos, además de ciertas acciones terroristas.
En momentos en que el Gobierno sigue adelante con una complicada política de ‘paz total’ –en mora de múltiples ajustes de estrategia y dirección–, el panorama crítico que dibuja el informe amerita tanto atención como respuesta prioritaria del Gobierno. Es también de destacar que los empresarios no solo manifiesten su preocupación por la situación de seguridad nacional, urbana y territorial, sino que busquen contribuir con la creación de este observatorio y con la generación de espacios de diálogo con el Ejecutivo. Muchas regiones del país, hoy afectadas por este deterioro, agradecerían una interlocución activa entre el Gobierno y los empresarios.
Editorial .
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