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Noticia

Proceso de Paz

En vísperas de que el presidente Petro viaje a Nueva York para hablar de los incumplimientos al acuerdo, ONU subraya la necesidad de buscar consensos

Carlos Ruiz Massieu en Consejo de Seguridad de la ONU.

Carlos Ruiz Massieu leerá el informe este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Foto:Archivo particular

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Informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU reseña opiniones cada vez más “divergentes” sobre la implementación de la paz y las políticas sociales del Gobierno y hace un llamado a buscar acuerdos.

Camilo A. CastilloPeriodista
Este martes, se publicó el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el cual se hace un balance de las mesas de negociación en el marco de la política de 'paz total', de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y de los hechos de violencia que afectaron a la población civil. El primer acontecimiento que se reseña el documento son las opiniones cada vez más contrarias con respecto a la paz y las políticas sociales del Gobierno.

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(Además: Presidente Petro habla ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el acuerdo de paz 2016).
"(...) distintos sectores expresaron cada vez más opiniones divergentes sobre la implementación de la paz y las políticas sociales del Gobierno, lo que subraya la necesidad de buscar el consenso y aunar esfuerzos para superar los desafíos persistentes para la consolidación de la paz", dice el documento.
El informe también reseña que entre enero y mayo de 2024, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios registró 28.151 personas afectadas por desplazamiento masivo y 53.065 personas en confinamiento en 52 municipios de 11 departamentos, siendo los departamentos de Bolívar, el Cauca, el Chocó y Nariño los más afectados.
También reportan que en el primer semestre de 2024 (1 de enero a 31 de mayo) hubo una disminución del 13 % (de 95 a 82) en los asesinatos reportados de defensores de los derechos humanos en comparación con el primer semestre de 2023. 
"Al mismo tiempo, la violencia de los grupos armados ilegales afectó significativamente a los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos en el departamento del Chocó, a los representantes de las juntas de acción comunal en el departamento de Arauca, a las autoridades indígenas en el norte del departamento del Cauca y a los líderes campesinos involucrados en la reforma rural", se lee en el documento.
Con respecto al número de homicidios de excombatientes de las Farc, el informe reseña que durante el segundo semestre hubo una disminución en los casos con respecto al primer semestre de 11 a 5. No obstante, son enfáticos en que la violencia sigue siendo motivo de preocupación en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, el Caquetá, el Cauca y el Chocó, regiones en donde siguen operando los grupos armados ilegales.
Sobre el cese del fuego vigente con el Eln, no dan cifras sobre violaciones a la tregua, pero dicen que "se ha respetado ampliamente". Además, agregan que contribuyó a prevenir enfrentamientos armados en 18 ocasiones "facilitando la separación de las fuerzas de las dos partes". Con respecto a la negociación con dicha guerrilla, dicen que las negociaciones se han visto afectadas por "graves desafíos". 
(Le puede interesar: Fiscalía suspende órdenes de captura contra comandantes del 'Frente Comuneros del Sur', grupo armado que se separó del Eln).
Hay que recordar que según el más reciente informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), que le hace seguimiento al cese del fuego con el Eln, desde el inicio de la tregua ha registrado 45 eventos violentos atribuidos a esa guerrilla, de los cuales 39 hechos aparecen como violaciones o incumplimientos al cese. Solo del 6 de junio al 5 de junio, el número de acciones atribuidas a ese grupo armado paso de dos a ocho.
"Persistieron las disputas entre las partes en el departamento de Nariño, donde el Gobierno siguió dialogando bilateralmente con un frente del ELN (el Frente Comuneros del Sur) en el marco de una iniciativa de paz regional. En un comunicado emitido el 6 de mayo, el ELN anunció, ante numerosas críticas, que pondría fin a la suspensión de los secuestros para cobrar rescates a la que se había comprometido durante la quinta ronda de conversaciones, en enero de 2024", se lee en el documento.
El informe también menciona la arremetida violenta de las disidencias del 'Estado Mayor Central' contra la Fuerza Pública y la población civil en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. 
"El Gobierno suspendió unilateralmente el cese al fuego en esos departamentos el 20 de marzo, tras los actos de violencia cometidos por el grupo contra la población civil, en particular contra pueblos indígenas. Esto generó un debate sobre los objetivos centrales de los frentes en relación con su participación en el proceso de paz. La región, y el departamento del Cauca en particular, sufrió un aumento de los enfrentamientos violentos, incluidos varios ataques del EMC contra la Fuerza Pública", dice el documento.
El informe también menciona las declaraciones del presidente Gustavo Petro en torno a los incumplimientos al Acuerdo de Paz y a su intención de denunciar al Estado ante el Consejo de Seguridad.
"El Presidente destacó que la responsabilidad de implementar el Acuerdo no solo recae en el Ejecutivo, sino en todo el Estado, y sostuvo que no había habido suficiente compromiso en ese sentido. (...) Afirmó su intención de llevar este mensaje al Consejo de Seguridad", dice el organismo. 
Sobre la polémica tesis del excanciller Álvaro Leyva de que a través del Acuerdo Final se puede impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, hicieron una breve mención: "Por otro lado, tras varios comentarios del Presidente sobre la cuestión, se produjo un fuerte debate interno sobre si el Acuerdo prevé o no la convocatoria de una asamblea constituyente".
(Siga leyendo: Las claves de la reunión entre Otty Patiño y alias HH, jefe disidente del ELN en Nariño).

Las conclusiones del informe

"Es imperativo que haya un compromiso inequívoco de todas las entidades gubernamentales para dirigir esfuerzos y recursos hacia la implementación", se lee en una de las primeras observaciones del informe. 
El documento destaca los esfuerzos del Gobierno de fomentar el diálogo con los grupos armados y los ceses del fuego y como estos dos aspectos "han reducido la violencia entre la Fuerza Pública y esos grupos"; sin embargo, insiste en que hay mucho por hacer para mejorar la vida de las personas que sufren las consecuencias de la lucha territorial entre los diferentes actores armados.
Entre los puntos que destaca el informe aparecen los avances del Comité Nacional de Participación y la definición de iniciativas concretas para promover la paz en el proceso de negociación con la facción del 'Estado Mayor Central' que sigue en la mesa.
Un capítulo especial tiene las tensiones relacionadas con la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz luego de que representantes del partido Comunes afirmaron que, tras siete años de actividad, la JEP "se estaba desviando de los objetivos para los que se había creada".
En ese sentido, señalaron: "Exhorto al Gobierno a que no escatime esfuerzos para crear, de manera oportuna, las condiciones necesarias para la implementación de las sanciones propias que emita la Jurisdicción Especial para la Paz".
Finalmente dicen que el proceso de paz colombiano ha dado resultados significativos y ha sentado las bases para seguir avanzando, pero que se requiere mayor voluntad política y la participación activa de todos los sectores de la sociedad para ampliar y consolidar la paz. "Insto a todas las partes implicadas a que mantengan la vista puesta en un futuro en paz y aprovechen estos logros conseguidos con tanto esfuerzo. Las Naciones Unidas seguirán al lado de los colombianos en este esfuerzo crucial", concluyen.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
X: (@camiloandres894)
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