En Colombia, la presidencia de Gustavo Petro ha presentado desafíos significativos para la democracia. A lo largo de sus primeros 611 días de gobierno, se han observado acciones preocupantes, como el uso de cuentas y medios oficiales para propagar desinformación y el ataque sistemático a la independencia de poderes, incluyendo al Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría, entre otras instituciones que han emitido pronunciamientos o fallos no alineados con los intereses del Gobierno.
Estamos transitando por un camino preocupante, donde el Gobierno, influenciado por ideales asociados al modelo socialista bolivariano de Hugo Chávez, muestra una inclinación hacia el autoritarismo. Esto se manifiesta especialmente en sus esfuerzos por restringir la influencia y las libertades de la oposición política. El hostigamiento a empresarios, periodistas, políticos opositores e incluso antiguos colaboradores revela una falta de disposición al diálogo constructivo. A pesar de las proclamas de un acuerdo nacional y de paz total, en la práctica, parece buscarse un sometimiento a la ideología gubernamental.
La implementación de reformas mediante decretos y la intervención en los entes de supervisión del Estado, ante la incapacidad de avanzar legislativamente, socava la pluralidad, el consenso y debilita la estructura de pesos y contrapesos que son esenciales para cualquier república democrática.
Ante este escenario, la oposición colombiana enfrenta el desafío monumental de promover un cambio democrático para 2026. La definición de oposición hoy trasciende las ideologías; abarca a todos aquellos comprometidos con la institucionalidad, la democracia, la libertad de expresión y, sobre todo, el respeto por las instituciones.
Es imperativo que la oposición no caiga en divisiones ideológicas y políticas, la oposición debe unirse en torno a las instituciones, el congreso, las cortes, y los entes de control. Debe trabajar para que, en el congreso, se debatan los proyectos de ley y las reformas que requiere el país, y no en inventos encuentros populares regionales promovidos y controlados por el Gobierno o en la constituyente con la que ahora se amenaza.
Se debe proteger a periodistas y medios de comunicación, cuya valentía al destapar escándalos de corrupción y excesos gubernamentales, los ha posicionado como un actor fundamental. Se debe buscar el apoyo y vigilancia internacional frente al acoso hacia el periodismo, políticos opositores y el sector empresarial.
La oposición debe tomarse las calles, debe organizarse de forma barrial, de forma regional y entender que el pueblo somos todos y que somos el pilar de la resistencia democrática.
El uso estratégico de las redes sociales para divulgar información precisa sobre la realidad nacional es crucial en la lucha contra la desinformación. Es esencial disponer de portavoces en los medios de comunicación que puedan desmentir eficazmente las falacias y datos distorsionados emitidos por voceros oficialistas. Igualmente, ejercer una fiscalización exhaustiva sobre la contratación pública y realizar un seguimiento detallado de las decisiones legislativas es clave para reflejar fielmente la voluntad y prosperidad del pueblo colombiano.
La oposición somos todos, a marchar el 21 de abril.
VÍCTOR MUÑOZ
Emprendedor, investigador, analista
