San Andrés de Tumaco, ubicado en el suroccidente de Nariño muy cerca de la frontera con Ecuador, es conocido como La Perla del Pacífico por la importancia de su puerto. Además, goza de paisajes marítimos únicos que constituyen un gran potencial para el desarrollo del turismo y la pesca. No obstante, las oportunidades que ofrece este municipio no llegan a la mayoría de la población (mayoritariamente afrodescendiente): El índice de necesidades básicas insatisfechas es ligeramente inferior al 50 por ciento, y el índice de pobreza multidimensional está cerca del 80 por ciento.
Junto al problema de desarrollo hay uno de criminalidad. De acuerdo con la Fiscalía existen varios grupos al margen de la ley que se disputan el control de los mercados ilegales, que incluyen drogas, vacunas, extorsión y contrabando. Entonces, resulta evidente la necesidad de llevar Estado a este municipio. En particular, instituciones que garanticen la provisión de seguridad y justicia, e instituciones que contribuyan a la superación de trampas de pobreza.
Aunque el Acuerdo de Paz abrió la opción de implementar un programa de construcción de Estado en zonas aquejadas por estos males, su implementación ha estado plagada de problemas. El caso de Tumaco, es especialmente problemático en este sentido. En este municipio, los cultivos de coca hacen que el punto 4 del acuerdo esté en el centro de la estrategia de implementación. El valor de la producción potencial de hoja de coca es cercano 140 mil millones de pesos, cerca del 12 por ciento de lo que produce legalmente el municipio. En otras palabras, si desaparecieran totalmente los cultivos de coca, los ingresos de los habitantes de Tumaco se reducirían en 12 por ciento. Esto implica que, para muchas comunidades los cultivos de uso ilícito son la única opción segura.
¿Cómo convencer a quienes viven del cultivo de coca de dejar esta actividad? El punto 4 del Acuerdo de Paz observa un programa de sustitución de largo aliento donde, en una primera etapa, hay empleos transitorios y asistencia alimentaria y, en una segunda fase, hay inversión en proyectos productivos y provisión de bienes públicos. La primera garantiza los ingresos de los cultivadores, mientras maduran las inversiones necesarias para la implementación de la segunda. Por construcción, este proceso demanda tiempo y, por lo tanto, la caída en cultivos ilícitos se produce de forma lenta.
Ahora, el Gobierno, en respuesta al incremento observado en el área cultivada con coca, estableció una meta para el 2017: erradicar 50 mil hectáreas mediante la sustitución voluntaria, y otras 50 mil con erradicación forzosa. La segunda estrategia genera resultados más rápidos, pero también tensión con las comunidades, que termina dificultando la provisión de bienes públicos y la articulación de las actividades legales a los mercados nacionales.
En este orden de ideas, es necesario revisar las metas de reducción de cultivos y buscar vías de acuerdo con las comunidades para que se implementen programas de sustitución voluntaria. La prioridad debe ser el desarrollo, la reducción de cultivos será un subproducto del desarrollo.
