Los habitantes de calle son, en su mayoría, consumidores de sustancias psicoactivas; muchos de ellos son víctimas frecuentes de delitos y algunos los cometen de manera regular. Además, el consumo está asociado a riesgos de salud. En este orden de ideas, es responsabilidad del Estado proveer servicios de salud e intervenir para reducir los delitos asociados con esta minoría. En este contexto, se han planteado varias opciones de política, una de ellas es la terapia de reducción de daños y, en particular, las salas de consumo supervisado de drogas (SCSD). Estos son espacios con supervisión profesional, donde los consumidores de drogas pueden obtenerlas en condiciones seguras e higiénicas, y suelen incluir servicios especializados para usuarios de drogas.
Actualmente, hay salas de consumo en países como Holanda, Suiza, Alemania, España, Australia y Canadá, que facilitan la accesibilidad a tratamientos para sectores de usuarios de drogas sujetos a riesgos sociales y sanitarios. Asimismo, son una vía de acceso al sistema de salud para muchos consumidores. Por último, desde una perspectiva de seguridad ciudadana, por su carácter ilegal, las actividades de compra y consumo de sustancias psicoactivas suelen realizarse en entornos inseguros y, muchas veces, controlados por organizaciones criminales violentas. Así, las SCSD pueden ayudar a reducir la violencia asociada con la compra y el consumo de drogas. En el caso específico de los habitantes de calle, existe abundante información acerca de la instrumentalización que de ellos hacen las mafias urbanas. En la medida en que sea posible la provisión legal de drogas en las SCSD, se pueden ayudar a romper el vínculo entre las mafias y los habitantes de calle.
Recientemente, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, la Fundación Ideas para la Paz y Elementa organizaron un foro sobre salas de consumo supervisado, en el cual participaron responsables de política, académicos, miembros de organizaciones y sociales y activistas. La mayoría de los participantes manifestó su total apoyo a la política de reducción de daños y, en particular, a las SCSD. Además, uno de los asistentes al foro, el representante a la Cámara, Samuel Hoyos, está impulsando una ley que abre la posibilidad de tratar el problema de consumo de drogas como uno de salud pública e implementar políticas de reducción de daño. Para la elaboración de la propuesta, el representante Hoyos ha consultado con expertos y ha revisado la literatura académica más importante sobre el tema.
Así, finalmente comienza a gestarse un cambio importante en política de drogas, al menos en lo que respecta al consumo. No obstante, hay una serie de obstáculos en el camino. El primero tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial (POT) y la posibilidad de obtener permisos para ubicar las SCSD en donde se requieran. El segundo tiene que ver con la disposición de los vecinos a aceptar instalaciones de este tipo en su barrio. Tal vez el más importante es la percepción de la sociedad en general acerca del objeto y la utilidad de esta política. Si no existe apoyo popular a este tipo de iniciativas su implementación será imposible.
Hernando Zuleta
Director del Cede, Universidad de los Andes
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