El doctor Andrés Espinosa, en artículo publicado en Portafolio el 4 de septiembre, presenta una visión deformante y deformada de lo que fue la ejecución presupuestal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), y sus entidades adscritas, en la vigencia fiscal 2012.
Es extraño: el doctor Espinosa, como asesor que fue de esta cartera, debería saber bien cómo funcionan institucionalmente los procesos de inversión pública en un ministerio que, como este, no es pagador de nómina, sino un coordinador de programas de inversión, que normalmente se realizan a través de las entidades adscritas.
1. Tal como aparece debidamente sustentado a páginas 336 y 337 de las memorias que presenté al Congreso para el periodo 2012-2013, la ejecución del presupuesto de inversión del ramo agropecuario (MADR y entidades adscritas) fue del 94,5% (!), y representa “la más alta ejecución presupuestal en la historia del sector”.
“El presupuesto total asignado al sector agropecuario en la vigencia del 2012 ascendió a la suma de $2.256.866 millones, distribuidos en $442.266 millones para gastos de funcionamiento y $1’814.600 millones para ejecutar proyectos de inversión.
Del presupuesto total asignado, se ejecutaron $2.110.258 millones”.
2. El doctor Espinosa usa el concepto de ejecución, no como compromisos presupuestales, sino como desembolsos, tomándolos de un informe reciente de la Contraloría.
Es evidente que la ejecución presupuestal, medida como desembolso, es inferior a la que resulta de cuando se la mide en términos de compromisos. Pero esto, de ninguna manera, permite afirmar que la ejecución presupuestal haya sido defectuosa.
3. Confundir los dos conceptos para medir la eficiencia de la ejecución en un sector como el de la agricultura y el desarrollo rural, conduce a ignorar los esfuerzos gigantescos que se hicieron –y que se han seguido haciendo– para, respetando la institucionalidad, evitar que se roben la plata, como hubo tantos casos en el pasado.
4. Ilustro lo anterior con los siguientes ejemplos: buena parte de la ejecución de los presupuestos del MADR se hace mediante convocatorias públicas (asistencia técnica , riesgo y drenaje, vivienda rural), en cuyo caso el recurso se compromete primero, pero su desembolso queda supeditado a que los proyectos que se presenten sean idóneamente calificados dentro de los criterios técnicos señalados en las convocatorias.
En varios casos se exigió como requisito, previo al desembolso, una valoración técnica de entidades como el área de arquitectura de la Universidad Nacional para los proyectos de vivienda rural, o de la Facultad de Ingeniería Agronómica para los de riego y drenaje.
Esto explica, en buena parte, que la ejecución medida en términos de compromisos no coincida con la ejecución en términos de desembolsos, los cuales se harán de todas maneras, puesto que el recurso presupuestal ya está comprometido.
5. Por lo anterior, resulta desconcertante que en el proyecto de presupuesto para el 2014 se hubiera propuesto, en pleno paro agrario, una reducción de más del 30% al presupuesto de inversión del sector agropecuario que, como queda demostrado con las cifras anteriores, viene ejecutándose a los ritmos más altos de la historia agropecuaria del país.
En síntesis, ejecutar un presupuesto de inversión en un ministerio como el de Agricultura y sus entidades adscritas, precisamente para evitar la opacidad, el amiguismo o las ligerezas y arbitrariedades como las que se dieron en el pasado en programas como el AIS, requirió una programación muy seria con base en convocatorias transparentes, que han buscado favorecer prioritariamente a los pequeños y medianos agricultores.
Resulta lamentable, entonces, que comentarios y percepciones como los del doctor Espinosa pretendan caricaturizar lo que fue una gestión eficiente, transparente y responsable.
Juan Camilo Restrepo Salazar
Exministro de Agricultura y Desarrollo Rural
