Los métodos de reducción de daño usados en distintos países, como tratamiento para la sustitución de sustancias, han sido reconocidos por la sociedad como medidas de protección para la salud pública, especialmente en Finlandia y el Reino Unido.
El tabaco no es una excepción para este tipo de políticas. Se trata de alternativas que buscan reducir las enfermedades y muertes causadas por consumir cigarrillos, con productos que, en el caso del vapeo, no contienen tabaco y no combustionan, y entregan nicotina en diferentes niveles.
Es importante destacar referentes regulatorios, como los impulsados en Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido, en donde se evidencia que sí es posible introducir nuevas disposiciones diferenciadas para los vaporizadores que contienen nicotina y los contenedores de recarga, permitiendo así proteger a los consumidores, sin llegar a equiparar esta categoría de productos con tabaco.
Estos países han permitido y regulado la utilización segura de los vaporizadores como una política pública de reducción de riesgo y como método de disminución del consumo de tabaco.
Dada la evidencia y teniendo en cuenta estos casos, Colombia podría dar ejemplo en políticas de reducción de riesgo, tal como lo han dado países de la Unión Europea, implementando una regulación diferenciada que reconozca a los vaporizadores como productos innovadores, con potencial para mitigar el riesgo de salud de la población fumadora adulta y protegiendo a los menores de edad.
Frente a esta población, es preciso aclarar que los resultados de la ENJT (Encuesta Nacional de Tabaquismo en Jóvenes), relacionados con los cigarrillos electrónicos hacen referencia a productos derivados del tabaco (PTC), en ese sentido, teniendo en cuenta que los productos de vapeo no contienen tabaco, ni son productos derivados del tabaco, no hay claridad sobre que los resultados expuestos en dicha encuesta sean atribuibles a los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina o Similares Sin Nicotina (SEAN/SSSSN).
La argumentación científica y técnica no puede ser desconocida en el ámbito nacional, los debates que se hagan sobre estos productos, deben ser nutridos con las posiciones, no solo de estudios independientes y privados de la industria, sino de investigaciones autónomas realizadas por entes tan reconocidos y respetados en el ámbito científico, médico, del sector público y privado, como el Departamento de Salud del Reino Unido, el Royal College of Physicians y El Cancer Research Institute del Reino Unido y la Universidad Queen Mary de Londres.
El Organismo de Salud Pública de Inglaterra (Public Health England) y el Colegio Real de Médicos de dicho país, han estimado que los cigarrillos electrónicos son 95% menos riesgosos que los cigarrillos convencionales, sugiriéndolas como una opción real para los adultos fumadores que buscan un riesgo menor.
Sobre afirmaciones expresadas con los posibles efectos del “vapor de segunda mano de los cigarrillos electrónicos”, es importante aclarar que, el Cancer Research Institute del Reino Unido en investigaciones actuales ha dicho que no hay evidencia significativa para sugerir que la exposición pasiva al vapor de dispositivos de vapeo sea perjudicial.
La revisión de evidencia de Public Health England de 2018 también encontró que, hasta la fecha, no se han identificado riesgos de salud de vapor de segunda mano. El “vapor” ambiental nada tiene que ver con el humo de tabaco ambiental.
Por esta razón, las leyes que prohíben fumar en sitios cerrados y en sitios de trabajo en el Reino Unido no cobijan al vapeo y las organizaciones son libres de hacer sus propias políticas en el uso de cigarrillos electrónicos.
Desde la industria consideramos que una regulación diferenciada al tabaco es crucial para garantizar que los fumadores adulto cuenten con la información y las condiciones necesarias para tomar una libre decisión, con el ánimo de poder acceder a alternativas de riesgo reducido que les permita reducir los niveles de nicotina de forma gradual hasta llegar a 0.
Apoyamos y respaldamos toda iniciativa regulatoria encaminada a prohibir la venta de los vaporizadores a menores de edad y mujeres embarazadas, la adecuada y suficiente información al consumidor, así como una reglamentación rigurosa sobre la calidad y seguridad de los dispositivos y su contenido.
El diseño e implementación de una reglamentación diferenciada es un camino que debemos transitar juntos reguladores, autoridades en salud, academia, comercializadoras y consumidores.
Optar por una regulación balanceada contribuye a los logros de salud pública de proteger a los menores de edad y a reducir el consumo de tabaco. En contraste, la prohibición de esta alternativa potencialmente menos riesgosa, en especial de cara a la desinformación y a las limitadas capacidades institucionales de los Estados, generará un espacio a la ilegalidad, que sin cumplir estándares mínimos de calidad y sin respetar la prohibición de venta a menores de edad, hará que se mantenga a este tipo de productos en el mercado informal, dificultándose aún más el control en el uso de estos dispositivos.
Lo anterior también se soporta en un estudio reciente realizado por la Universidad de Melbourne y publicado en Epidemiology, donde se concluye que facilitar el acceso a los productos de vapeo que contienen nicotina podría llevar a importantes ahorros y reducción de costos en términos de salud.
El ahorro probable estaría en un rango entre AUD $356 millones - AUD $6,8 mil millones, es decir, de US$241 millones – US$4,6 mil millones, resultado de menos personas que desarrollan enfermedades relacionadas con el tabaco.
También, como industria consideramos importante referirnos a los casos de enfermedades pulmonares en Estados Unidos, que han sido relacionados con el uso de Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN).
Se debe aclarar que las investigaciones para determinar la causa de las enfermedades apuntan al uso de THC (principal compuesto activo en el cannabis), mezclado con un derivado de la vitamina E y no en si al vapeo.
Juan Carlos Restrepo
Especial para Portafolio
Director de asuntos legales y corporativos de BAT Colombia
