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Análisis

Conflicto y Narcotráfico

Las extorsiones sin control en el reino de la ‘paz total’ / Análisis

Disidentes del autodenominado Estado Mayor Central reunidos en Sabanas del Yarí, en Caquetá. Foto: 16/04/2023

Los grupos criminales que supuestamente están en la ‘paz total’ siguen golpeando a la población civil.

Foto:Ernesto Guzmán. EFE - Archivo EL TIEMPO

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La pasividad que muestra hoy el Estado colombiano la aprovechan los grupos ilegales de todos los pelambres para seguir enriqueciéndose.

Jhon TorresEditor Mesa
“Señor: Comerciantes del pueblo Lejanías Meta. Reciba un cordial saludo revolucionario de parte de las Farc-Ep. Para informarles a todo el comercio que mañana viernes del 05-07-2024 debe estar todo el comercio cerrado y asistir todos mañana en el caserío la primavera a las 10:00 a. m. El que no asista será multado”.

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Ese es el tono de las boletas manuscritas que vienen recibiendo desde hace meses comerciantes y cualquiera que tenga un negocio –hasta la venta de tintos en la calle– en pueblos como Lejanías, San Juan de Arama, Uribe, Mesetas y otros del Meta. Mientras el gobierno del presidente Petro, su equipo de paz y, por cuenta de un cese de fuego claramente ventajoso para los ilegales, también la Fuerza Pública miran para otro lado, los grupos criminales que supuestamente están en la ‘paz total’ siguen golpeando a la población civil y sometiéndola a todo tipo de prácticas extorsivas. Negarse es un pasaje seguro para un violento recorderis de que el Estado no manda realmente en esas zonas o incluso para el destierro.
En baja voz, habitantes de la región, que por décadas sintieron el rigor de las ‘vacunas’ de las verdaderas Farc (marca criminal que ahora se arrogan las disidencias) y luego los grupos paramilitares, no encuentran mayor respuesta cuando denuncian el delito del que siguen siendo víctimas. Las disidencias de ‘Calarcá’ (el socio del violento ‘Iván Mordisco’, que supuestamente sí está firme en el proceso de paz con el Gobierno) cobran por todo: hasta por las gallinas que se tengan en una finca, que tienen una tarifa de 3.000 pesos por año cada una. Esa extorsión ‘gota a gota’ llega a miles de millones de pesos cada mes: plata que no solo le roban a la gente de a pie sin que nadie en Bogotá parezca preocuparse mucho sino que va, paradójicamente, a fortalecer el poder criminal de las mafias que el Gobierno pretende desmontar con la ‘paz total’.
Que los ceses de fuegos de esa estrategia quedaron pobremente diseñados, al igual que un esquema de verificación inocuo, es ya una historia vieja. Pero, como lo reclaman gobernadores como la del Meta, Rafaela Cortés, y de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hace rato pasó el tiempo de que las autoridades nacionales atiendan su obligación de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos de bien, así como el imperio de la ley.
Que es, precisamente, lo que no está pasando en buena parte del territorio nacional. La pasividad que muestra hoy el Estado colombiano la aprovechan los grupos ilegales de todos los pelambres para seguir enriqueciéndose con el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones, al tiempo que se muestran en sus zonas como autoridades de facto que imponen normas de comportamiento, cobran ‘impuestos de guerra’ y hasta inauguran vías y escuelas.
La finalidad de un proceso de paz no solo pasa por detener la violencia (algo que, además, claramente no está pasando en Colombia). El objetivo final es recuperar la plena vigencia del Estado de derecho en todo el territorio nacional, con monopolio del Estado en el uso de la fuerza e imperio total de los derechos y deberes de cada ciudadano. Ese es el puerto que no se ve, ni de lejos, a casi dos años del experimento de la ‘paz total’.
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En X: @JhonTorresET
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