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Desafíos de la segunda mitad

Reactivación y seguridad, y no una constituyente, es lo que requiere el país en esta hora.

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Tras una fuerte oleada de rumores que duró varias semanas, en esta que termina se concretaron varios cambios en el gabinete del presidente Gustavo Petro, de cara a lo que será la segunda mitad de su mandato.

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Hasta ahora han sido cuatro las carteras en las que se produjeron relevos: en Agricultura, Jhenifer Mojica le dio paso a Martha Carvajalino; en Transporte, William Camargo fue sustituido por la exsecretaria de Movilidad de Bogotá María Constanza García; en Justicia, Néstor Osuna abandona el cargo que ahora queda en manos de Ángela María Buitrago, quien había hecho parte de la terna para elegir fiscal general, y en Interior, Luis Fernando Velasco salió del Gobierno y llegó Juan Fernando Cristo, exministro del gobierno de Juan Manuel Santos.
La ministra García deberá darles renovado vigor a obras claves para el país como aquellas de la quinta ola de concesiones, muchas de las cuales siguen en sus fases iniciales, al tiempo que tendrá que acelerar y destrabar otros proyectos. Para la ministra Carvajalino, la principal tarea será la de llevar de las palabras a los hechos y dentro de la legislación vigente las promesas de compra y entrega de tierras a sectores vulnerables, mientras que la ministra Buitrago tendrá que vérselas, entre otros, con la situación del sistema carcelario, cada vez más en manos del crimen organizado y que clama soluciones de fondo.
Es usual que los gobiernos hagan ajustes en su gabinete, y en este en particular eran más que necesarios, tomando en cuenta los desafíos que tiene por delante el segundo tiempo del presidente Petro. Cambios que según los indicadores de desempeño de cada cartera y del Gobierno en general pueden verse como positivos: es bienvenido que un gobernante modifique sus alfiles si esto se traduce en el cumplimiento de los objetivos previstos en el plan de gobierno. Adquieren una connotación negativa cuando el costo de estas movidas –inestabilidad, mensajes confusos y dificultad para que los equipos de trabajo de cada entidad adquieran velocidad crucero– supera los beneficios. Y eso es precisamente lo que genera la persistencia del Ejecutivo en convocar una constituyente inoportuna e innecesaria.
De vuelta con los desafíos del Gobierno y de los nuevos ministros, hay que decir que la ejecución y la eficiencia en la gestión son, sin duda, un asunto en el que le falta mucho por mejorar a este gobierno. Para los recién llegados, así como para los que continúan, este es uno de los más grandes retos. En todo caso, sería deseable que por el bien del país este nuevo aire no sea, a la vez, un nuevo envión para radicalizar las posiciones y alejar los puntos de encuentro tan necesarios en sectores como el agro.
A la par con la necesidad de más eficiencia y una mayor articulación entre los entes nacionales y locales, queja que se hace cada vez más frecuente, la reactivación económica y la recuperación de la seguridad en los territorios deberían ser el objetivo principal del nuevo gabinete. En ese sentido, la permanencia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es una prudente señal que le evita ruidos al mercado, dada la situación de apretón de las finanzas públicas.

La persistencia en la idea de convocar una constituyente, que será tarea del ministro Cristo, no solo es inoportuna e innecesaria, sino que genera más divisiones que consensos de unidad nacional

Lo que no genera claridad es la inconveniencia de una convocatoria a una asamblea constituyente, la que impulsará el nuevo ministro Cristo. Su designación puede leerse como la de una figura capaz de convocar a acuerdos por su talante de diálogo y trayectoria. Su llegada estuvo marcada por la hoja de ruta que trazó para cambiar la Constitución a través de las vías legales, postura que luego fue necesario confrontar con la del Presidente, quien retomó el concepto de “poder constituyente” en un intercambio con el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes. Aquí es donde regresan las dudas y los riesgos de que se configuren atajos inconstitucionales como los que se trataron de plantear hace unas semanas echando mano de una exótica interpretación del acuerdo de paz con las Farc.
A la espera de cuál sea finalmente el rumbo que le dé el Gobierno, se puede decir que de seguir el camino que propuso Cristo, su debate en cualquier caso distraerá al Legislativo y le generará un ambiente de mayor polarización. Como en su momento se anotó desde estos renglones, hay que tener presente que hoy no existe un ambiente de apoyo nacional como el que le dio vida a la Constitución del 91. Para ser claros: la actual idea de una constituyente genera más divisiones que consensos de unidad.
Los desafíos en el Congreso, que ya demostró que en función de su autonomía ha tramitado las proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, aprobados unos y rechazados otros, siguen siendo altos y merecen, estos sí, la búsqueda de acuerdos nacionales para afrontar las reformas y para implementar los desarrollos mismos de la actual Constitución que sean necesarios. Todo dentro de los mecanismos que están disponibles y que son otra evidencia de la estabilidad democrática que garantiza nuestra carta fundacional.
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