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Opinión

Editorial

El colapso carcelario

El inhumano hacinamiento de los sitios de reclusión no da espera y es uno de los primeros retos para la nueva ministra de Justicia.

Editorial .
La indiferencia de la mayoría de los colombianos hacia la durísima realidad que se vive en las cárceles y estaciones de policía del país tiene que sacudirse frente a reportajes multimedia como el publicado ayer por esta casa editorial. Es un retrato con historias, fotografías y videos y con una innovadora apuesta de realidad virtual del inhumano hacinamiento y la situación de indignidad permanente que imperan en esos sitios de reclusión.

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Aunque en los últimos años, especialmente después de la pandemia, la situación de hacinamiento en las cárceles viene bajando –pasó del 52 al 25 %–, ese flagelo sigue imperando en 106 de las 126 cárceles a cargo del Inpec en el país. Más grave aún, la sobrepoblación carcelaria saltó de las prisiones –con todo lo que esto implica en materia de ausencia de infraestructura y garantías para los derechos humanos– a los calabozos de las estaciones de policía, que en 9 años pasaron de manejar poco más de 1.400 personas detenidas transitoriamente a más de 22.000. Todo esto en precarias edificaciones cuya máxima capacidad es para 8.640 reclusos.
Necesidades fisiológicas que se aligeran en bolsas, tarros y botellas que terminan apilados afuera de las celdas atestadas, extorsiones a los internos desde el día que llegan hasta el que salen, consumo de drogas a precios de ‘gota a gota’ e imperio no de la ley, sino de avezados criminales –los ‘plumas’– que se encargan de mantener un violento orden que termina siendo funcional para el siempre escaso personal de vigilancia son la norma, tanto en las cárceles como en los sitios de reclusión temporal, donde se encuentran detenidos que pueden completar tres años o más esperando ser entregados al Inpec.

Se evidencia la incapacidad del Estado para encontrar una solución que al menos sirva para detener el deterioro de la situación humanitaria.

Lo que se evidencia de nuevo con estos trabajos periodísticos y con los informes de los órganos de control y los jueces es la incapacidad del Estado para encontrar una solución que al menos sirva para detener el deterioro de la situación humanitaria en los centros de reclusión. Y también, para garantizar la seguridad tanto dentro como fuera de las prisiones, pues a fuerza de desgobierno y corrupción muchos centros penitenciarios se han convertido en epicentro de crímenes como la extorsión y el sicariato que golpean a la ciudadanía.
La nueva ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, llega con el reto enorme de romper la racha y tomar decisiones efectivas para empezar a ponerle orden al sistema penal y carcelario de Colombia.
Ante una situación tan compleja, con una delincuencia desbordada, el Estado está en mora de cumplir con su deber de poner en prisión a quienes representan una amenaza para la sociedad, y, al mismo tiempo, de que esas prisiones cumplan su papel resocializador y no sean, como pasa hoy en muchos penales, seguros centros de operación de criminales que aprovechan su tiempo en prisión para expandir desde allí sus imperios criminales.
Y que se necesitan nuevos cupos carcelarios –en español, más cárceles– lo demuestran esos más de 22.000 detenidos que pasan meses y años en sitios de reclusión, las estaciones y URI de la Fiscalía, donde la detención debería durar máximo 36 horas. El hecho es que hay que detener, sin más demora, este colapso carcelario.
Editorial .
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