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Análisis

Proceso de Paz

Frente al Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Petro propone revivir el ‘fast track’ y ‘cambiar normas’ para acelerar la implementación

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Foto:Presidencia

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El jefe de Estado retomó temas como la compra administrativa exprés de tierras, las inversiones forzosas y la ampliación del plazo para la implementación. ¿Qué tan oportuno fue su discurso en ese escenario?

Camilo A. CastilloPeriodista
En su primera intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde que asumió el poder, el presidente Gustavo Petro planteó revivir el ‘fast track’ para “cambiar normas” y acelerar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, mecanismo que ya se utilizó para tramitar las reformas legales y constitucionales que se pactaron en La Habana. En un discurso que duró cerca de 40 minutos y en el que se esperaba que hablara de los “obstáculos” para cumplir con los compromisos pactos entre el Gobierno Santos y las extintas Farc, el jefe de Estado planteó ocho puntos para, según él, salir del rezago y habló de la necesidad de un “acuerdo nacional” para concretar los cambios normativos que propone.

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“Voy a proponerle a la sociedad, al Congreso y a las Cortes repetir un ‘fast track’, un método más rápido para aprobar normas en el Congreso que ya se hizo, pero los proyectos de aquella época del gobierno de Juan Manuel Santos tuvieron que ver con las fases iniciales del acuerdo y ahora tenemos que presentar los cambios de normas que permitan los productos del acuerdo de paz: reforma rural, verdad integral e integración del territorio al desarrollo nacional”, señaló el jefe de Estado durante la presentación del informe trimestral de la ONU sobre Colombia.
Para justificar su propuesta, el presidente Petro señaló que el acuerdo, al ser de obligatorio cumplimiento, “obliga a un pacto social para encontrar fenómenos de cambio de normas, si las normas no facilitan el acuerdo de paz”. Varias de las propuestas planteadas no son nuevas y ya las había planteado en otros escenarios.
Por ejemplo, habló de una reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa rápida de tierras, un tema que se ha asociado al polémico artículo de ‘expropiación exprés’ que se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo. “La ley actual nos lo prohíbe, lo remite a los jueces y ellos demoran décadas para que una hacienda fértil pero improductiva pueda ser entregada al campesinado. Sin eso tardaremos 50 años en cumplir el acuerdo de paz”, señaló, para luego plantear la transformación de la Agencia Nacional de Tierras en una entidad estructuradora de proyectos productivos con acceso a crédito. 
“Considero indecoroso mentirle al país sobre la propuesta expropiación exprés que me negué a meter en el PND, pero que una vez salí, trataron de meter”, señaló la exministra Cecilia López sobre esta propuesta, y añadió: “Existe la expropiación administrativa, respetando la Constitución y el debido proceso. La exprés no existe en el ordenamiento jurídico colombiano. Y no es lo mismo expropiar para hacer proyectos públicos que expropiar para entregárselo a un campesino”.
El Instituto Kroc presentó el segundo informe sobre la implementación del acuerdo de paz en el gobierno Petro.

El acuerdo de paz se firmó el 26 de septiembre de 2016.

Foto:Héctor Fabio Zamora. Archivo EL TIEMPO

Además, propuso temas como inversiones forzosas para impulsar la sustitución productiva de las economías ilícitas y para acelerar el trabajo del Programa de Sustitución de Cultivos y la excarcelación de los productores de la hoja de coca. El presidente Petro reconoció que uno de los puntos más rezagados es el 4, el relacionado con la solución definitiva al problema de las drogas. “Si nosotros hacemos un plan, lo voy a llamar Marshall, de inversiones en las zonas donde se produce la mayor parte de la cocaína del mundo podemos acabar la oferta. El campesino quiere producir cacao”, dijo.
Asimismo, el presidente Petro habló sobre la modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo para de esta forma financiar la “inclusión territorial al desarrollo”, uno de los tres puntos que en criterio de Petro son el eje del acuerdo junto con la reforma rural y la verdad judicial.
Laura Bonilla, subdirectora Pares, opinó que esta es una modificación necesaria para poder adelantar proyectos de infraestructura en las regiones priorizadas por el acuerdo. “Las vigencias futuras y el plan fiscal son dos de los cuellos de botella la paz y eso explica por qué no se ha podido hacer inversión territorial y se terminan haciendo proyectos de capacitaciones cuando en realidad se necesitan obras de infraestructura”, dijo, y añadió que hoy “no es fácil girar recursos por Sistema General de Participaciones a las alcaldías y a los municipios para que tengan implementaciones más eficientes y esto podría ayudar”.
Fue más allá y planteó que el plazo de cumplimiento del acuerdo de paz y la vigencia de las 16 subregiones PDET -las zonas más golpeadas por la violencia- se extienda por 7 años más, es decir, mínimo hasta 2038.
Para Enrique Prieto-Rios, profesor de Derecho Internacional Universidad del Rosario, esta última propuesta no es del todo descabellada si se tiene en cuenta el estado actual de la implementación. “Lo veo viable, uno de los objetivos principales de la ONU es propender por mantener la paz y la seguridad internacional y esto se piensa también en que los conflictos internos pueden escalar rápidamente a conflictos regionales, por lo cual está dentro del cumplimiento de esos objetivos que se amplíe el plazo”, señaló el analista.
Para apalancar las inversiones en estos territorios, habló de un cambio en la distribución del Sistema General de Participaciones que permitan financiar sus proyectos de salud, educación, infraestructura e inversión y de la creación de la figura de “concesión hereditaria” en las zonas selváticas. “Nos hacen falta 200 billones de pesos para la implementación”, agregó Petro.
Petro retomó una vieja propuesta: la creación de un sistema único de verdad, justicia y reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto. “Es la única manera de ponerle fin al conflicto”, dijo, y agregó que incluso tendrían cabida las organizaciones narcotraficantes. Además, el presidente Petro aseguró que no tiene recursos para cumplir el acuerdo de paz de 2016 y agregó que hacen falta 200 billones de pesos para la implementación.
El presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Foto:Presidencia

Otra pregunta que queda luego del discurso del jefe de Estado es qué tan oportuno es presentar las propuestas, muchas que tienen que ver con temas que podrían tocar la Constitución, en un escenario internacional.
“Cuando se firma el acuerdo de paz, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por medio de una resolución, crea el sistema de monitoreo de Naciones Unidas al proceso de paz. Por esa razón es que él está llevando el cumplimiento o incumplimiento del acuerdo de paz a Naciones Unidas”, manifestó Prieto-Rios.
Para el analista Pedro Medellín, en cambio, este discurso no es “frecuente ni conveniente”. Hay que recordar que quien solía asistir a estos espacios en representación del Gobierno era el canciller de turno. “Aunque el presidente, como jefe de Estado, es el que debe conducir las acciones para cumplir con ese acuerdo, no es la instancia para hablar de cambios que tienen que ver con reformas tan profundas”, manifestó.
“Coincide con muchas cosas que otros actores han mencionado. Retoma la línea del gobierno Santos en tema de drogas, pero es llamativo porque es una propuesta que nace en medio de una nueva legislatura y un cambio de gabinete. Eso es un tema que puede ser positivo, pero hay que leer con cuidado las propuestas”, señaló Manuel Alejandro Rayran, internacionalista y docente de la Universidad Externado, sobre el tono del discurso.
Por último, el presidente Petro pidió ante el Consejo de Seguridad la creación de una misión internacional que apoye la investigación judicial de la Fiscalía en identificar responsables del asesinato de excombatientes y detener el surgimiento de “grupos neoparamilitares”.
CAMILO A. CASTILLO - Redacción Política - X: (@camiloandres894)
Camilo A. CastilloPeriodista
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