‘La prevención de las violencias es la gran deuda de los Estados con las mujeres’

Ese trabajo empezó desde la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en Ciudad de México, en 1975, que devino en otros encuentros internacionales y regionales que despertaron la acción en los sistemas de derechos humanos. De allí nació la convención sobre la ‘Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer’ (Cedaw) de la ONU.

La Comisión Interamericana de la Mujer (CIM), de la Organización de Estados Americanos (OEA), quiso desarrollar más la Cedaw y abordar el tema de las violencias que también eran un reclamo de las mujeres. El 9 de junio de 1994, en Belém do Pará, en el noreste de Brasil, los Estados miembros firmaron la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Este domingo se cumplen 30 años de ese compromiso que creó el principal instrumento para garantizarles a las mujeres de la región una vida libre de violencias, que ha servido como herramienta jurídica para defender el derecho a la vida, la igualdad, la no discriminación, la dignidad, la integridad sexual, entre otros derechos. 

Para ello, se creó un instrumento de monitoreo que sigue la implementación de la Convención y el cumplimiento de los Estados miembros a las condenas relacionadas con la Belém do Pará que se llama el ‘Mecanismo de seguimiento de la convención de Belém do Pará’ (Mesecvi), conformado por un comité de expertas delegadas por cada país. EL TIEMPO habló con Mónica Maureira, la experta de Chile, sobre estos 30 años de la Convención, los retos de su implementación, las sentencias históricas, entre otros temas.

¿Cuál era ese contexto en el que nació la Convención, que además fue pionera en su momento a nivel mundial al abordar el tema de violencias?

Es pionera porque nace de la demanda de las organizaciones de mujeres y feministas a propósito de las conversaciones que hubo en una serie de encuentros feministas desde la década de los 80 hasta los inicios de los 90. Allí, las juristas feministas hablaban de la construcción del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres con enfoque de género. Adicional, la Belém do Pará marca un hito como marco referencial a nivel global por el abordaje de las violencias, que lo que hizo fue desprivatizarlas. Es decir, sacó las violencias de género del contexto de violencia doméstica y la situó como un interés público y una preocupación de los Estados. Por tanto, la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos. Esta Convención nutrió al Sistema Interamericano, incluyendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última ha proferido importantes fallos basándose en la Convención, como el de Campo Algodonero versus México (que en 2009 responsabilizó al Estado mexicano por la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez).

¿Estas sentencias son vinculantes para todos los Estados miembros de la OEA?

Cuando los Estados suscriben compromisos como la Convención y se dan sentencias bajo sus argumentos, la intención es que los exhortos no sean solo para el país condenado, sino para todos los miembros. Aquí, además de las responsabilidades del Estado quiero hablar de las responsabilidades de terceros, que también se deben de hacer cargo de las exigencias de la Corte. Y de terceros también me refiero a privados.

¿Qué otras sentencias, además de Campo Algodonero, resalta por su importancia y trascendencia?

A propósito de la responsabilidad de terceros, está la de Paola Guzmán Albarracín versus Ecuador (una adolescente que se quitó la vida luego de ser víctima de violencia sexual por parte del vicerrector del colegio donde estudiaba. Su familia, encontró justicia 18 años después). De esta sentencia destaco la reflexión que se hizo alrededor de que este fue un delito prevenible, si se hubieran seguido y cumplido los protocolos internos del colegio.

¿Por qué las sentencias, no importa el país condenado, son generalizables?

Cuando se suscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Estados se comprometieron con el “nunca más”, poniéndolo en términos de América Latina. Con esta declaración se le otorgó a este entramado de derechos las características de inalienables, interdependientes y universales. De este entramado, la columna vertebral es el principio de igualdad y no discriminación, por lo que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Y los Estados deben y tienen que hacer lo posible para que se cumpla este principio que suena un poco a un sueño. Pero eso es lo que hay que reivindicar y eso se ha reivindicado con los casos de Campo Algodonero, Paola Guzmán Albarracín y tantos otros. Estas sentencias son también herramientas para defender cualquier vulneración de las mujeres en los Estados miembros con un enfoque de género y de derechos humanos de las mujeres.

Tocó un tema muy importante que es la prevención, que es uno de los preceptos de la Convención. Y da la sensación de que los Estados están más en disposición de sancionar el delito cuando ocurre que en prevenirlo. ¿Desde el Comité tienen el mismo análisis?

Si revisamos los tres informes hemisféricos respecto de la implementación de la Convención, esa es la gran conclusión. La gran deuda de los Estados con las mujeres y la Convención tiene que ver con la prevención. Y la prevención tiene varias aristas. La de educación, que además tiene la Declaración de Pachuca con la que el Comité de Expertas hace una serie de recomendaciones. Las instituciones educativas también están en deuda de cambiar los currículos desde la educación temprana hasta la superior. Aquí también tienen responsabilidades los medios de comunicación y la publicidad porque estos son dispositivos de educación, los cuales no se deben de quedar solo con las campañas alrededor del 8 de marzo y el 25 de noviembre, sino también diseñar campañas sistemáticas y de impacto.

Hablando de deudas con las mujeres, una que es muy evidente es el acceso a la justicia. ¿Por qué es tan difícil y demorado para las víctimas encontrar justicia?

Por los estereotipos y prejuicios de género presentes en el poder judicial. Estos son una barrera para el acceso a la justicia y a la vez interfieren en la trayectoria de la investigación. Aquí también es un problema la falta de formación con enfoque de género de los y las profesionales de la justicia y la poca capacitación en la materia que recibe el funcionariado del poder judicial.

Un tema que ha conmocionado mucho a Colombia son los feminicidios con público, es decir, los ocurridos en centros comerciales o en plena calle. Rita Segato habla de la espectacularización de la muerte de las mujeres. ¿Qué está pasando con esto?

Por eso el tema de la prevención es la gran deuda, mientras la prevención no tenga efecto la naturalización y normalización de los crímenes contra las mujeres se va a mantener. Y el hecho de que nadie haga algo demuestra cómo opera esa normalización. Cuando Rita Segato planteó lo que dices es con base en su experiencia en Campo Algodonero, donde habló con los feminicidas. Ella lo planteó un poco mirando la criminalidad organizada y transnacional. Pero esa espectacularización no opera solo en esos escenarios, porque se ha aceptado un poder masculino exacerbado que no solo actúa en el crimen organizado, sino en estructuras políticas, económicas y en momentos de crisis. También quisiera agregar que, en situaciones de crisis, por ejemplo, de orden público, los feminicidios se naturalizan más o se invisibilizan más y desaparecen de la agenda.

Eso último que menciona es lo que está pasando en México, donde matan 10 mujeres cada día, pero se habla más de la violencia narco…

Exacto, pero lo de México viene arrastrándose desde hace mucho, yo diría que desde el gobierno de Felipe Calderón en adelante.

La Convención no contempla la violencia vicaria o digital, porque en su momento no existían o no se había teorizado sobre estas. ¿La convención tiene las herramientas para interpretarlas?

El mecanismo de seguimiento de la Convención ha ido de la mano del progreso de los derechos humanos de las mujeres y de los nuevos escenarios y contextos de violencia. En ese marco, se encuentra la violencia digital. Esto es un continuum de violencias. Hay que decir que la violencia digital no solo es virtual, hay evidencias de que algunas amenazas terminan en ataques físicos, violencia económica o sexual, incluso en feminicidios. Y la Convención ha sido capaz de interpretar ese tipo de violencias y sus alcances, así como la responsabilidad de los Estados, que deberían mediar con las empresas tecnológicas para que tengan mayor transparencia y asistencia a las víctimas. Sobre la violencia vicaria, muchas organizaciones de mujeres hablan es de una extensión de la violencia feminicida hacia hijos e hijas. Y la Convención, nuevamente, contempla e interpreta este tipo de violencia, donde también opera la violencia simbólica, económica, entre otras.

En Colombia hay un proyecto de ley en trámite que en principio se radicó con el fin de proteger a las mujeres de la violencia digital, pero se ha ido desdibujando y ampliando a todas las personas. Organizaciones feministas hablan de apropiación de las luchas de las mujeres. ¿Qué daños hacen estas acciones?

Esas estrategias de apropiación se dan en diferentes escenarios, por ejemplo, las ideas de cambiar el nombre de los Ministerios de la Mujer por Ministerios de la Familia. Hay que alertar estas acciones y sensibilizar que todo tipo de violencia contra las mujeres son manifestaciones de las desigualdades de género y de poder. Esto que está pasando en Colombia también banaliza la violencia que viven las mujeres en los entornos digitales. Siempre que avanzamos en derechos hay amenazas de retrocesos, por eso hay que rodearlos y defenderlos.

¿Cuál es la importancia del Mesecvi y del Comité de Expertas que monitorean la Convención?

El Comité de Expertas tiene dos elementos importantes. El primero es que es un ejercicio democrático ejemplar, porque las expertas son designadas por un gobierno al que le tienen que hacer control de forma autónoma y cuestionarlo, cuando sea el caso. Las expertas hacen una tarea de revisión periódica junto a los Estados del cumplimiento de las leyes, tratados y convenciones de los derechos de las mujeres vinculados con el tema de las violencias. Por otro lado, el Comité tiene el rol de brindar asistencia técnica para cualquier Estado que lo demande y es una validación al trabajo técnico de las expertas que puede aportar a la protección efectiva de las mujeres.

Son 30 años de la Convención en los que la situación de violencias se recrudece. Esperamos que en los próximos 30 años la realidad sea otra y más favorable para las mujeres. ¿Qué retos tiene entonces la Convención?

Tener más capacidad de incidencia con los Estados para avanzar más en la prevención. Por otro lado, está la promesa de no repetición y reparación, no solo en términos materiales, sino simbólicos para el "nunca más".

NATALIA TAMAYO GAVIRIA
​REDACCIÓN DOMINGO
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